La movilidad cuesta: el 2% del PIB se pierde en tráfico
La movilidad en Guatemala dejó de ser solo un problema de tráfico: hoy representa una carga directa para la economía y la calidad de vida. Aunque el diagnóstico es claro y existen propuestas sobre la mesa, las soluciones siguen sin concretarse por trabas políticas y falta de decisiones.
Por qué importa. El país pierde hasta un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) por problemas de movilidad, según autoridades, en un contexto donde múltiples instituciones aún afinan herramientas clave para ejecutar proyectos. Aunque existe voluntad política, persisten retrasos normativos, falta de decisiones estratégicas y ausencia de priorización clara en infraestructura.
- Kevyn Valencia, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), advirtió que “las decisiones no se toman”, pese a contar con estudios técnicos avanzados que buscan impulsar proyectos de gran escala en movilidad.
- Claudia Cáceres, gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, reconoció que la institución aún espera la aprobación de su reglamento, paso clave para operar plenamente y ejecutar obras.
- Desde SEGEPLAN, Enrique Maldonado subrayó que el costo de la inacción es alto: además del impacto económico, en áreas rurales una familia puede tardar hasta 121 minutos en llegar a un centro de salud.
Cómo funciona. El Estado ha construido una arquitectura institucional para atender la crisis de movilidad, pero su funcionamiento depende de coordinación y reglas claras. Las herramientas existen, aunque muchas aún no están activas o integradas en una estrategia nacional coherente.
- La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios fue creada como un modelo innovador para agilizar obras, pero su operación depende de reglamentos que aún no han sido aprobados por el Ejecutivo.
- La Agencia Nacional de Infraestructura impulsa asociaciones público-privadas como mecanismo para cerrar brechas, aunque requiere certeza jurídica y cierres financieros para atraer inversión privada.
- SEGEPLAN actúa como filtro técnico de inversión pública, con más de mil opiniones emitidas el último año, buscando elevar la calidad de proyectos y reducir rechazos en financiamiento.
Punto de fricción. El principal obstáculo no es técnico, sino político. Las diferencias entre instituciones, la falta de prioridades claras y la ausencia de decisiones de largo plazo han frenado la ejecución de proyectos, incluso cuando los diagnósticos están claros.
- Valencia señaló que “alinear las voluntades es muy complejo”, debido a visiones distintas entre entidades públicas, lo que retrasa la estructuración y ejecución de proyectos. "Existe la voluntad política en este gobierno, pero falta el portafolio de proyectos. Aún no se decide qué sector tendrá prioridad. No somos un país robusto en infraestructura para hacer todo", añadió.
- Eduardo Cavallo, del Banco Interamericano de Desarrollo, advirtió que el país no define quién paga por los servicios de transporte, un factor clave que bloquea el financiamiento.
- Cáceres indicó que retrasos en reglamentos y cambios de autoridades han detenido avances, evidenciando debilidad institucional para dar continuidad a proyectos estratégicos.
Lo que sigue. El desafío inmediato es transformar la planificación en ejecución. Las instituciones coinciden en que Guatemala necesita priorizar proyectos, asegurar financiamiento y garantizar estabilidad jurídica para atraer inversión y mejorar la movilidad.
- Expertos destacan que modelos como los de Perú, Bogotá o Santiago muestran que las obras deben trascender gobiernos y centrarse en resultados para el ciudadano, no en réditos políticos.
- La inversión en transporte público aparece como prioridad, especialmente en áreas urbanas donde se concentra la mayor brecha de movilidad y pérdidas económicas.
- Autoridades coinciden en que el siguiente paso es definir un portafolio de proyectos y tomar decisiones de país, dejando atrás la parálisis institucional que ha limitado el desarrollo de infraestructura.