Investigar con perspectiva de género fortalece el proceso penal

Abogada especializada en materia penal

Buergo Gómez Abogados, S.C

El feminicidio no es simplemente el asesinato de una mujer. Es la privación de la vida de una mujer en razón de género. Y esa última parte —“en razón de género”— no es una consigna: es un elemento legal que debe acreditarse.

La ley establece una serie de circunstancias específicas que permiten identificar cuándo un homicidio debe investigarse como feminicidio. Entre ellas, la existencia de violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes, la privación de la libertad previa a la muerte, la existencia de una relación de confianza o afecto entre la víctima y el agresor, o antecedentes de violencia en ámbitos como el familiar, laboral o escolar.

Estos elementos no son opcionales. Son criterios jurídicos que obligan a las autoridades a investigar con perspectiva de género. El problema es que, en la práctica, muchas investigaciones no se construyen bajo estos estándares.

Casos que podrían ser feminicidios se investigan como homicidios dolosos, ya sea por falta de capacitación, por deficiencias en la integración de las carpetas de investigación o por una resistencia institucional a reconocer la gravedad del fenómeno.

Las consecuencias son profundas. Clasificar incorrectamente un feminicidio no solo invisibiliza la violencia de género, sino que también debilita el proceso penal. Se pierden agravantes, se limita el alcance de la investigación y, en muchos casos, se reduce la posibilidad de obtener una sentencia acorde con la gravedad del delito.

Si no se recaban adecuadamente las pruebas desde el inicio, acreditar el feminicidio se vuelve cada vez más difícil conforme avanza el proceso. Y en derecho penal, lo que no se prueba, no existe.

Por eso es fundamental entender que el feminicidio no se presume: se acredita. Y para lograrlo, no basta con la indignación social ni con la presión mediática. Se requiere un trabajo técnico, profesional y con perspectiva de género por parte de las autoridades.

En un país donde la violencia contra las mujeres es una realidad cotidiana, no podemos permitir que la falta de técnica jurídica se convierta en otra forma de negación de justicia.