Justicia hídrica
En los primeros días de diciembre del año pasado, una sesión que se prolongó durante 24 horas culminó con la aprobación de una nueva Ley General de Aguas y reformas al ordenamiento relacionado de Aguas Nacionales.
En la Cámara de Diputadas y Diputados, tras un intenso debate, la oposición votó en contra. Tras su aprobación en el Senado, ha comenzado una nueva etapa que deja atrás los abusos e ilegalidades provocadas por el anterior marco jurídico, establecido en el sexenio de Carlos Salinas.
El pasado lunes, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso algunos de los resultados virtuosos de la nueva legislación.
Ahí se presentaron ejemplos de los abusos.
Uno, la existencia de concesiones que no pagaban derechos por tratarse supuestamente de agua para producir alimentos, cuyos titulares hacían negocio incluso con el agua necesaria para el consumo humano.
En el caso de Mexicali, la capital de Baja California, el ayuntamiento tenía que pagar 200 millones de pesos anuales a un distrito de riesgo bajo control privado que, en palabras de la presidenta, “ya prácticamente no sembraba nada”.
Los derechos de explotación han pasado, en el marco de la nueva legislación, a los municipios de Baja California, que en los últimos cinco años pagaron más de 500 millones de pesos a personas que les vendían agua concesionada para la agricultura.
Entre los cambios que comienzan a rendir frutos para beneficio de todos, la nueva legislación eliminó las transmisiones entre particulares, un elemento esencial para poner fin al mercado negro del agua. En el mismo sentido, se eliminaron los cambios de uso, para impedir que se lucre con las concesiones destinadas a la producción agrícola.
El marco jurídico aprobado en diciembre pasado dotó de mayores facultades a la autoridad del agua, lo que ha permitido avanzar en el ordenamiento y en el combate a los abusos.
En otro caso, de Zacatecas, siete títulos fueron transmitidos del uso agrícola a industrial, de servicios y para consumo humano. Con ese modelo, el concesionario llegó a ganar hasta 54 millones de pesos.
Con las reformas que aprobamos en el Congreso, ni los derechos amparados por las concesiones ni las asignaciones pueden ser transmitidos.
El cambio de fondo abre camino a un sistema que prioriza el derecho humano al agua, en contrasentido del sistema de privilegios heredado del régimen neoliberal.
Con el modelo anterior se otorgaban concesiones a personas que no las utilizaron nunca, pero que las podían vender a otra que realmente necesitara el agua.
Durante el debate, un diputado del PRI anunció su voto en contra con la hipocresía propia de su militancia, pues hoy sabemos que la familia Calzada, a la que el legislador pertenece, ostenta cinco títulos que amparan 628 mil metros cúbicos en Querétaro.
¿Eso es ilegal? No, pero sí que los pozos, que supuestamente eran para uso agrícola y pecuario, se destinaban en realidad para vender el agua en pipas o para abastecer desarrollos inmobiliarios y hasta a un club de polo, cuyos vecinos carecían de agua.
Ese tipo de abusos ocurrían porque la antigua ley establecía que tenían derecho a usar o transmitir su título de concesión y muchas veces ni siquiera reportaban ese paso a la Comisión Nacional del Agua, como estaban obligados.
El nuevo marco legal ha permitido a la Conagua fortalecer la inspección y llevar a cabo poco más de mil clausuras y suspensiones por el uso ilegal de los títulos o concesiones.
Según los datos ofrecidos en la conferencia presidencial, con la nueva legislación que aprobamos en el Congreso ha sido posible enlistar posibles adeudos de empresas por casi 12 mil millones de pesos.
Las empresas referidas, entre ellas una poderosa refresquera, se habían acostumbrado a no contar con medidores o simplemente incumplir con los pagos. Hoy, deberán regularizar su situación o atenerse a sanciones que pueden llegar a la cancelación de sus títulos.
Gracias al nuevo marco legal, se ha incrementado la recaudación en 3 mil 500 millones de pesos (2025), y se espera duplicar esa cifra en el año que corre.
Poner fin a los privilegios y dejar de tratar el agua como una mercancía fueron las metas que tuvimos en el horizonte al aprobar la nueva legislación. Y la ley está pasando a los hechos, para beneficio de todas las personas.