Gobierno defiende alza de combustibles ante el Congreso: “No hemos venido a que participen de esa decisión”
En medio de un intenso debate en el Congreso Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el alza de los combustibles y recalcó que se trata de una decisión adoptada por el Ejecutivo, mientras los parlamentarios analizan un paquete de medidas para amortiguar sus efectos.
Un tenso intercambio se registró en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que el ministro Quiroz enfatizara que el alza de los combustibles —que rondará los $370 por litro en gasolina de 93 y de $580 por litro en diésel— se trata de una decisión adoptada directamente por el Ejecutivo.
“La decisión de llevar los precios internacionales al nivel local la tomamos nosotros (…) No hemos venido a pedirle a ustedes que participen de esa decisión”, afirmó el secretario de Estado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participa de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Raúl Zamora/Aton Chile.
El jefe de la billetera fiscal explicó que la medida responde al fuerte aumento del precio internacional del petróleo, en medio del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado directamente en los costos internos. En ese contexto, defendió la necesidad de sincerar los precios para evitar un mayor deterioro de las cuentas fiscales.
Durante la mañana de este martes el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley con medidas de mitigación para amortiguar el impacto en hogares y sectores productivos. Entre sus principales medidas, la iniciativa contempla aumentar en hasta US$60 millones el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, junto con ajustes al cálculo del crédito fiscal.
La legislación incluye modificaciones al impuesto variable de los combustibles —especialmente al kerosene— para evitar alzas bruscas, además de un bono mensual de $100 mil pesos para taxis y colectivos, beneficio que ahora se extendería también a buses escolares. Asimismo, se considera el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago como una forma de contener el impacto en el costo de la vida.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participa de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Raúl Zamora/Aton Chile.
Críticas y tramitación
Pese a estas medidas, las críticas desde la oposición no se hicieron esperar. El diputado Daniel Manouchehri (PS) advirtió que el impacto será transversal. “Incluso la familia que no tiene auto va a terminar pagando este bencinazo”, señaló.
En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri cuestionó el carácter de la decisión. “No estamos frente a algo inevitable, estamos frente a una decisión política”, afirmó.
Otro de los cuestionamientos apuntó a la falta de margen para introducir cambios al proyecto, pues al tratarse de materias de gasto e impuestos, las indicaciones parlamentarias fueron declaradas inadmisibles.
Desde el oficialismo, en tanto, respaldaron la iniciativa argumentando que la situación fiscal no permite que el Estado absorba el alza sostenida del petróleo a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), mecanismo que —según el Ejecutivo— debe ser neutro en el largo plazo.
En esa línea, Quiroz recalcó que “el Mepco es un mecanismo que no tiene dinero” y que, desde su creación, ha implicado un costo fiscal acumulado significativo. Asimismo, advirtió que mantener el nivel actual de subsidio implicaría pérdidas cercanas a los 140 millones de dólares semanales, lo que —dijo— resulta insostenible.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hace ingreso a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile.
Avance del proyecto
Tras el debate, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar el proyecto del Gobierno con 10 votos a favor y tres abstenciones. Posteriormente, la iniciativa fue respaldada en general y en particular, con excepción del artículo referido al impuesto al diésel, que fue rechazado por la oposición.
Con esto, la iniciativa avanzó a la Sala de la Cámara, donde será discutida en el marco de su tramitación con discusión inmediata, que establece un plazo acotado para su despacho.
El debate continúa en un escenario de alta tensión política, con el foco puesto en cómo equilibrar la sostenibilidad fiscal con el impacto social del alza de los combustibles.