Andalucía acelera la política española

La decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno , de convocar elecciones autonómicas para el 17 de mayo introduce un elemento de aceleración política que trasciende el ámbito regional. No se trata sólo de una cita con las urnas en la comunidad más poblada de España, sino de un movimiento que altera los tiempos del Gobierno central y condiciona su estrategia electoral. Como reflejan diversas informaciones recientes, la convocatoria obliga a una reconfiguración inmediata del Ejecutivo y precipita decisiones que hasta ahora se habían evitado. En este contexto, la apuesta de Pedro Sánchez por proyectar a sus ministras como candidatas autonómicas sufre un nuevo test de consistencia. El precedente de Aragón ha evidenciado los límites de esa estrategia, y la incógnita se traslada ahora a Andalucía y, en menor medida, a la Comunidad Valenciana. La salida de María Jesús Montero del Gobierno para encabezar la candidatura socialista en Andalucía no solo responde a una lógica partidista, sino que implica un coste institucional evidente. Se prescinde, en un momento crítico, de la responsable de la política fiscal en un país que continúa con los presupuestos prorrogados y que encara un escenario económico marcado por la inflación persistente y las tensiones energéticas derivadas de la inestabilidad internacional. El balance de la gestión de Montero al frente de Hacienda resulta, además, discutible. España ha encadenado varios ejercicios sin que se cumpla la previsión constitucional de que el Gobierno presente las cuentas públicas, una anomalía que debilita el papel del Parlamento. A ello se añade la ausencia de una reforma fiscal estructural, la falta de ajustes que mitigaran el impacto de la inflación sobre las rentas medias y una tendencia a confiar en el aumento de la recaudación derivado del alza de precios. Desde una perspectiva institucional, la marcha de la vicepresidenta primera plantea interrogantes relevantes. No solo se produce en un momento de especial vulnerabilidad económica, sino que refuerza la percepción de que el Gobierno subordina la estabilidad a sus necesidades tácticas del calendario electoral. La coincidencia de una crisis inflacionaria con la debilidad presupuestaria exige justamente lo contrario: continuidad, previsión y solidez en la dirección económica. El juicio político es, por tanto, claro. La convocatoria andaluza ha desbordado los planes del Ejecutivo y ha dejado en evidencia las costuras de una estrategia basada en la personalización y el corto plazo. La salida de Montero no fortalece al PSOE en Andalucía –donde sus expectativas siguen siendo inciertas– y, en cambio, debilita al Gobierno en un área esencial. Conviene, en consecuencia, recuperar una visión más institucional de la política. España necesita estabilidad presupuestaria, coherencia en la política fiscal y respeto a los tiempos de las instituciones. Convertir cada decisión en una pieza de táctica electoral solo erosiona la confianza pública. El 17 de mayo no será únicamente una cita autonómica: será también un examen sobre la capacidad del sistema político para anteponer el interés general a la urgencia partidista.