Más de 4.500 consultas en la CCSS por vapeo en 2025: tendencia sigue en ascenso”

Las consultas médicas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por trastornos asociados al uso del vapeo registran un aumento acelerado en los últimos años. Los casos atendidos pasaron de 2 en 2020 a 4.517 en 2025, según datos del Área de Estadística en Salud de la institución.

El crecimiento se acentuó a partir de 2023, cuando las atenciones en consulta externa vinculadas al uso del cigarrillo electrónico ascendieron a 1.792, lo que marcó el inicio de una tendencia al alza que continuó en los años siguientes.

Antes de ese repunte, los registros eran considerablemente menores: 13 casos en 2021 y 78 en 2022.

Vacío regulatorio y aumento del consumo

Para el profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jean Carlo Córdoba, el aumento podría estar asociado tanto a una mejora en el registro de los casos como a un incremento real en el consumo de estos dispositivos.

Según Córdoba, el incremento en 2023, coincide con un periodo de débil vigilancia tras la aprobación de la Ley 10.066 que buscaba regular estos dispositivos en Costa Rica.

La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2021 y entró a regir en 2022; no obstante, el reglamento necesario para aplicar sanciones no fue emitido, sino hasta el 2024, explicó el especialista.

“¿Qué fue el impacto que tuvo que no hubiera reglamento? Bueno, que básicamente a pesar de que existían cosas que la ley tipificaba como que no podían suceder, no había forma de aplicar sanciones”, indicó.

El académico indicó que, durante ese periodo se registró una amplia importación de productos de vapeo.

“Ahí fue cuando empezamos a ver ese aumento exponencial en el consumo en personas menores de edad, principalmente a nivel escolar y colegial”, afirmó.

En agosto de 2023, La Nación informó que, solo en los primeros cinco meses de ese año, se habían importado más de 40.000 kg de vapeadores con nicotina, es decir, 25.000 kg más que en el mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas disponibles en ese momento.

Para el especialista, otro de los factores que pudo incidir en el aumento de casos durante ese período es la mejora en los mecanismos de registro de las atenciones.

Explicó que el incremento de consultas también coincide con la creación, en 2021, de un protocolo para notificar casos de la enfermedad pulmonar asociada al vapeo (Evali, por sus siglas en inglés).

Este protocolo indicó Córdoba, permitió estandarizar la notificación de pacientes con afectaciones pulmonares vinculadas al uso de cigarrillos electrónicos, lo que pudo facilitar una mayor identificación de casos dentro del sistema de salud.

Dependencia a la nicotina a corta edad

El académico agregó que el impacto de ese periodo se refleja fuertemente ahora en las estadísticas de atención médica, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

“Ya en el momento en el que entra el reglamento a partir del año 2024, ya tenemos muchísimas personas que son dependientes de la nicotina de esos dispositivos y por ahí eso es lo que se refleja en los números”, señaló.

Las cifras de la CCSS muestran que la tendencia se mantiene al alza. En 2024 se registraron 3.432 atenciones médicas vinculadas al vapeo y en 2025 la cifra ascendió a 4.517 casos.

En los seis años de estadísticas, los hombres concentran la mayor cantidad de consultas, con 6.105 casos, frente a 3.727 registrados en mujeres durante ese mismo periodo.

Además, los datos también revelan que los trastornos asociados al vapeo afectan principalmente a personas jóvenes. Entre 2020 y 2025, el grupo de 15 a 19 años registró 2.332 casos, seguido por el de 20 a 24 años con 2.048 atenciones médicas.

Según información del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), uno de cada diez jóvenes entre los 12 y 17 años ha utilizado un vapeador y la edad promedio de inicio es de 13 años.

Nuevo reglamento pretende reducir el consumo en menores

En ese escenario, en febrero de este año, el Ministerio de Salud publicó el Reglamento Técnico RTCR 519-2025, con el que endurece las reglas para la comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN). La institución sostiene que la medida busca reducir el consumo, especialmente entre menores de edad.

Los nuevos lineamientos introducen límites al contenido de nicotina, restringen los sabores permitidos, dejando únicamente los asociados al tabaco, y prohíben la publicidad, promoción y patrocinio. Además, establecen controles sobre empaques, volúmenes y mecanismos de fiscalización.

El Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) advirtió que, aunque respalda una normativa que limite el acceso en adolescentes, los nuevos lineamientos podrían afectar la recaudación fiscal y la formalidad del negocio, al incentivar el contrabando y fortalecer mercados ilegales.

Por su parte, la Asociación de Distribuidores, Empresarios y Vapeadores (Asvape) sostuvo que los sabores son clave para que las personas adultas utilicen los dispositivos como alternativa al cigarrillo tradicional, por lo que su eliminación podría provocar un retorno al consumo de productos de combustión.

Para el especialista Jeancarlo Córdoba la reglamentación apunta a proteger a poblaciones vulnerables al aplicar restricciones que son necesarias.

“Lo que más destaca es la reducción del atractivo y el uso del vapeo entre jóvenes por medio de la regulación de los colores, los sabores y de los olores. La evidencia científica ya ha demostrado que todos estos elementos son más bien ganchos para atraer personas menores de edad y no así para personas adultas que están experimentando con los dispositivos”, explicó Córdoba.

De acuerdo con la Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas, dada a conocer en setiembre de 2025, el uso de los dispositivos en los adolescentes de Costa Rica llega al 13% de la población. En los últimos cinco años el uso de productos con nicotina se ha triplicado entre los colegiales.

Asimismo, el uso del vape entre adolescentes va más allá de su consumo. Orientadores de centros educativos han advertido que estudiantes de secundaria, pese al riesgo de ser sancionados, se organizan para llevar y distribuirlos, incluso mediante estructuras con roles definidos.