El Gobierno veta el intento del PP de entorpecer la regularización de migrantes a través de la ley de multirreincidencia
El Ejecutivo hace uso de su prerrogativa dos días antes de que se apruebe la norma, en la que los populares pretendían introducir nuevos requisitos para acogerse al proceso que se abrirá en las próximas semanas.
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El Gobierno impedirá que se debata en el Congreso la enmienda a través de la cual el PP pretendía endurecer los requisitos que deberán cumplir los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España para poder acogerse al proceso de regularización que pondrá en marcha el Gobierno en las próximas semanas. El Ejecutivo trasladó este martes su decisión de hacer uso de esta prerrogativa a la Mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Sumar, apenas dos días antes de que el Pleno apruebe defintivamente la ley de multirreincidencia para castigar con mayor dureza los hurtos reiterados, un texto al que el PP había introducido esa enmienda aprovechando su mayoría absoluta en el Senado.
La modificación aprobada por la Cámara Alta introducía una pequeña reforma en la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de un procedimiento de regularización extraordinaria probaran su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable. El PP pretendía que solo una certificación oficial sirviese para demostrar la ausencia de un historial delictivo, y dicha enmienda tenía opciones de salir adelante, puesto que Junts tenía previsto votar a favor de la misma. Su apoyo, sumado al de PP y Vox, hubiera sido suficiente para incluir la medida dentro de la ley de multirreincidencia, con lo que esa norma —que será aprobada el jueves con apoyo del PSOE— hubiera podido acabar entorpeciendo la regularización de inmigrantes que se pondrá en marcha en las próximas semanas.
Para justificar su decisión de utilizar su derecho a veto, una prerrogativa de la que el Gobierno únicamente puede disponer si una ley o una enmienda recortan ingresos presupuestarios o imponen un mayor gasto al Estado, el Ejecutivo argumenta que la obligatoriedad de disponer de un certificado de penales para acceder a la regularización obligaría a contratar a contratar a 400 funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería. Moncloa calcula que el coste de estos nuevos empleados públicos sería de casi 17 millones de euros.
En cualquier caso, y aunque no se votará esa enmienda introducida por el Senado, el jueves el Pleno del Congreso dará luz verde de manera defintiva a la ley de multirreincidencia, que ha sido apoyada durante su tramitación por PP, PSOE, Vox y Junts. La norma, propuesta por los independentistas catalanes y que los socialistas aceptaron reactivar para reconstruir los puentes con los de Carles Puigdemont, endurecerá las penas por hurto —hasta tres años de cárcel— en dos supuestos: cuando el autor del delito haya sido condenado de manera repetida y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico.