El PSOE consuma su gesto a Junts para agravar la multirreincidencia sin esperar a cambio un 'sí' al decreto de vivienda

El PSOE volverá este jueves a unir sus votos al PP, Vox y Junts para culminar la tramitación parlamentaria de la ley de multirreincidencia. La medida implicará un endurecimiento de las penas por hurtos menores en caso de reiteración y es una de las más demandadas por parte de los independentistas catalanes desde el principio de la legislatura y, especialmente, desde hace unos meses, a causa de la presión que ejercen sobre Junts la ultraderechista Aliança Catalana y algunos de sus propios alcaldes de la Catalunya interior. Por eso, los socialistas decidieron desbloquearla justo cuando Carles Puigdemont anunció solemnemente la ruptura de la colaboración con el Gobierno. Un gesto que, hasta la fecha, no cuenta con reciprocidad alguna. Salvo excepciones contadas, como el decreto fiscal de este jueves para las consecuencias de la guerra, en Junts mantienen su portazo al Ejecutivo y se disponen a tumbar el decreto con medidas de vivienda impulsado por Sumar.

Una vez alcanzado el acuerdo político para sacar adelante la ley de multirreincidencia, la tramitación ha avanzado con rapidez y, a finales del año pasado, PSOE, PP y Junts cerraron la redacción final del texto, que también apoyó Vox. En febrero, el Congreso dio luz verde por primera vez a la norma, y el pasado miércoles el Senado —donde el PP cuenta con mayoría absoluta— terminó de incluir sus enmiendas. Lo que hará la Cámara Baja este jueves será pronunciarse sobre ellas, pero aunque las rechace, la reforma del Código Penal para castigar más severamente los hurtos reiterados será ley a partir del viernes: lo que se decide es cuál es su redacción final.

Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, las enmiendas que ha introducido el PP —que debatirá y votará este jueves el Congreso— buscan endurecer el texto y también entorpecer la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno hace unas semanas. En concreto, los populares quieren que la norma modifique la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de esa regularización prueben su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable ante la ausencia de una certificación oficial. También han aceptado una enmienda de Vox para garantizar que los delincuentes extranjeros condenados en España sean expulsados a sus países de origen y cumplan allí las penas impuestas por la justicia española.

La primera de esas modificaciones, la relativa al endurecimiento de los requisitos que deben cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a los papeles, tiene visos de salir adelante, puesto que Junts tiene previsto votar a favor de la misma. Si los independentistas no cambian de posición a última hora, su apoyo, sumado al de PP y Vox, sería suficiente para incluir esta medida dentro de la ley de multirreincidencia, con lo que esa norma podría acabar entorpeciendo la regularización de inmigrantes que se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Entre las filas socialistas admiten que si la ley de multirreincidencia promovida por Junts estuvo la primera mitad de la legislatura en un cajón era, principalmente, porque también existía un profundo debate interno. El texto de los independentistas catalanes asume el marco punitivista respecto a delitos menores del que habitualmente hace gala la derecha. Y eso enfrentaba al PSOE al conjunto de sus socios de izquierdas —a excepción de ERC, a quien este asunto genera una enorme incomodidad y que se ha abstenido en varias de las etapas de la tramitación de la norma— y abría de puertas hacia dentro una discusión sobre la idoneidad de esa reforma.

La necesidad de contentar a Junts, principalmente, pero también el interés mostrado por el PSC de Salvador Illa en que la medida salga adelante terminaron por decantar la balanza. Varios alcaldes socialistas de Catalunya, de hecho, acudieron presencialmente al primer Pleno del Congreso que dio luz verde a la reforma tras defender que se trata de una reforma muy demandada en ayuntamientos catalanes. El propio PSC ha trabajado una enmienda que será votada este jueves para endurecer las penas al robo de energía eléctrica destinada a los narcopisos.

Junts no apoyará el decreto de vivienda

Tras el choque del pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario, en lo que coinciden los dos socios de coalición de Gobierno es que apenas existe recorrido político para arrancar a Junts un respaldo al decreto que prorroga los contratos de alquiler. “Somos conscientes de que no hay apoyos, pero no por ello vamos a renunciar a hacer frente a la crisis habitacional”, dijo Pedro Sánchez durante su comparecencia. El presidente llegó a repetir hasta en tres ocasiones que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo del Congreso.

De hecho, es esa certeza, la de que Junts votará en contra de cualquier medida que proteja a los inquilinos frente a los propietarios, la que está en el centro de la discusión entre el PSOE y Sumar desde el pasado viernes. Los socialistas se cerraron en banda a unir la prórroga de los alquileres al decreto de medidas fiscales y económicas para paliar los efectos de la guerra porque eso implicaba directamente que el texto decayese durante su votación en Pleno ante la falta de apoyos. Y ahora asumen que esa negociación con los diputados de Carles Puigdemont sobre la situación habitacional de miles de familias a quienes les cumple el contrato de arrendamiento será, directamente, imposible.

El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, tampoco muestra demasiada confianza en un cambio de posición de última hora de Junts que permita salvar el decreto de medidas de vivienda, al menos en las circunstancias actuales. No obstante, en público tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como los partidos que conforman la coalición que ella lidera apuestan por fomentar que los colectivos sociales y sindicales ejerzan presión contra los independentistas catalanes para elevar el coste de derribar el texto. Y fuentes de uno de los partidos del espacio sostienen, además, que incluso si el decreto cae habrá merecido la pena aprobarlo porque, a su juicio, se ha producido un cambio de rasante por el cual la derecha será quien tenga que justificar su negativa y no el Gobierno dar explicaciones por no haber puesto en marcha medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda.