Unidad para el bien común
Sin un propósito común no hay unidad. Los derechos humanos son la base de la convivencia y sólo en democracia es más factible que se respeten.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), es clara en no solamente en listar un conjunto de derechos sino también en concebirlos de forma integral y otorgándoles una responsabilidad a todas las personas y en particular el Estado. Su respaldo por los Estados soberanos del mundo, permitió que se construyera un referente común, una idea universal, que permite evaluar y calificar si esos derechos se respetan en los países.
En el sentido anterior, los derechos humanos son una “utopía”, unos principios de la vida en sociedad que no se cumplen plenamente y que se intenta permanentemente que se respeten y garanticen en su ejercicio. En ese esfuerzo, la comunidad internacional fue generando Tratados Internacionales relativos a múltiples derechos reconocidos, que tuvieron normas específicas de cumplimiento y con ello se fue construyendo el derecho internacional de los derechos humanos, que obliga a su cumplimiento a todos los Estados que los han firmado voluntariamente.
Digo “utopía” no porque siendo jurídicamente una realidad se concretan en la vida real, sino porque se sostiene en principios básicos de lo que ha sido el proceso de histórico que ha motorizado la modernidad: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Estos principios están unidos por el lazo de la lucha por la emancipación humana de las cadenas que lo oprimen, de los obstáculos que le impiden ser libres e iguales en derechos como lo reconoce la Declaración Universal.
La política emancipatoria -como afirma el filósofo Castro-Gómez- es la universalización de los intereses particulares a través de la construcción de una voluntad común, de un pueblo, capaz de oponerse a todas las formas de servidumbre y desigualdad social y política. Universalizar los intereses particulares es comprender que se tienen que cambiar las reglas del juego que permiten la persistencia de las estructuras jerárquicas que frenan las libertades e igualdades. Los intereses específicos pueden resolver aspectos específicos importantes de la vida, pero no se habrá cambiado la mentalidad y estructura que reproducen el racismo, el sexismo, la transfobia, la anti inmigración, la desregulación de la protección al medio ambiente, que están asentadas en un supremacismo blanco, macho y “heredado” de los tiempos coloniales que nos clasificó en castas superiores a inferiores (Ej: Trump: “envenenando la sangre de nuestro país” refiriéndose a la migración latina hacia EEUU).
Es por ello que los derechos humanos reconocen derechos a grupos humanos particulares, porque forman parte de una concepción integral que los hace ser interdependientes. No hay libertades para unos si no existe para todos, ya que los que la gozan evidencian la desigualdad del derecho.
Dicho lo anterior, mirando la experiencia histórica y observando lo que ocurre hoy, se puede decir que los Derechos Humanos siendo Universales son una abstracción, pues en la práctica se vulneran y violan a diario. El motor de su cumplimiento y su avance está en cómo se trabaja y lucha para que se hagan realidad, y ese motor está fundamentalmente en la sociedad civil que debe construir una voluntad común.
Voluntad común que debe estar centrada en defender la democracia y sus instituciones, pues en la medida que estas queden fuera del control democrático, son capturadas por autoritarismos que subordinan su independencia al poder político (Bukele, Orban, Trump) y los intereses de minorías (caso Hermosilla, Sauer). En otros casos esas instituciones son corrompidas desde adentro (caso jueza Vivanco, Paco Gate, ex Fiscal Guerra, etc, etc.), o son “infiltradas” por carteles criminales (caso narcomilitares, “Cartel de la Justicia, entre otros). Las instituciones democráticas deben responder al interés común y por ello su independencia y transparencia son clave para los derechos humanos.
Otro ámbito de la voluntad común es la defensa de la institucionalidad de derechos humanos, creada por la persistente movilización de múltiples actores que permiten tener hoy una mayor solidez y vigilancia sobre el cumplimiento de éstos por el propio Estado. Esto incluye los Tribunales Ambientales y los servicios públicos relacionados (SMA, ), Programa Nacional de DDHH, el Plan de Búsqueda, la Defensoría de la Niñez, la autonomía del INDH, las garantías laborales, etc.
Los tiempos son difíciles, pero la experiencia acumulada debe servir para construir esa voluntad común que pone como norte los Derechos Humanos como expresión del bien común de todos los habitantes de nuestro Chile.