La DEA vs. la izquierda latinoamericana
El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, está en la mira de la DEA. De acuerdo con un reportaje de la Associated Press (AP), publicado el viernes, Petro figura en la lista de blancos prioritarios de la agencia antidrogas, y actualmente hay investigaciones en curso sobre su presunta vinculación con organizaciones narcotraficantes. Los activos financieros de Petro ya habían sido bloqueados en octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, por lo que sugiere el reportaje de AP, el presidente colombiano está en la antesala de la situación que enfrentó el venezolano Nicolás Maduro, quien en su momento también fue investigado, luego acusado formalmente y, por último, –operación militar mediante– trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.
Hay varias líneas de investigación en torno a Petro: presunto financiamiento de organizaciones criminales, supuestas reuniones con capos e incluso un posible esquema de extorsión a presos de alto perfil, a quienes se les habría vendido la promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no se han hecho públicas evidencias que lo impliquen de forma personal. Los señalamientos conocidos se concentran en su entorno –incluidos el hijo y uno de los hermanos del presidente– y se basan principalmente en testimonios no corroborados judicialmente.
No es inédito que la DEA, y en general el aparato de seguridad y justicia de Estados Unidos, abran investigaciones en contra de jefes de Estado en funciones. Además de Maduro, están los ejemplos de los presidentes Manuel Noriega (Panamá) y Juan Orlando Hernández (Honduras), quienes también terminaron en prisiones norteamericanas. Sin embargo, lo publicado por AP sobre Petro no deja de ser llamativo: por la magnitud de los intereses de Estados Unidos en Colombia y porque se refiere a una investigación todavía en etapa incipiente. Se trata de una filtración imprudente y gratuita. Es también una revelación políticamente cargada, que se detona en plena campaña: en mayo se celebra la primera vuelta de una elección presidencial polarizada, donde Colombia definirá si se da continuidad al proyecto de izquierda de Petro o se decanta por una opción de derecha dura.
Mi lectura de la filtración es que algunos funcionarios, en la DEA o en el Departamento de Justicia, quieren mandar la señal de que tienen bien puesta la gorra del movimiento MAGA. Le están entrando al juego de lanzar bombas noticiosas, entre más escandalosas y confrontativas, mejor, que abonen a las estrategias de negociación hostil del inquilino de la Casa Blanca. En esta lógica, la supuesta cercanía de las clases gobernantes latinoamericanas con el narco deja abierta la posibilidad de cualquier sanción por parte de Estados Unidos, e incluso de una operación militar.
Aquí, en México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, en alguna medida, se curó en salud con el abatimiento de El Mencho. Oseguera Cervantes hubiera sido el blanco lógico de una hipotética operación norteamericana en suelo mexicano. Nuestros vecinos seguirán insistiendo con la idea de mandar tropas, pero con la caída de El Mencho, se les escapó la mejor oportunidad de dar un golpe rápido y contundente en los medios de comunicación (que al final del día parece ser lo importante).
Sin embargo, en el mediano y largo plazo podrían construirse nuevas narrativas, con o sin sustento, sobre los vínculos criminales del gobierno de México, lo mismo que de otros países de la región. Por ello, resulta preocupante que el narcotráfico o narcoterrorismo se conviertan en el pretexto habitual de Washington para buscar influir electoralmente o golpear a gobiernos que no son afines ideológicamente a la Casa Blanca, como parece ser el caso con la filtración de las investigaciones contra Gustavo Petro.
Siempre he considerado que la colaboración con Estados Unidos es central para echar a andar un proceso eficaz de pacificación en nuestro país. Por un lado, por la inteligencia y los otros recursos críticos que las agencias norteamericanas pueden aportar. Pero también porque la presión de nuestros vecinos puede ser benéfica para empujar decisiones necesarias, pero que de otra forma no serían transitables (como la investigación de las redes criminales que existen al interior de algunas dependencias de seguridad y de algunos gobiernos estatales). Desafortunadamente, esta colaboración solo será posible en la medida en que la DEA, y en general el aparato de seguridad de Estados Unidos, mantengan cierta credibilidad y ciertos visos de neutralidad política, algo que cada vez parece más lejano.