Fuerza Popular deberá pagar S/17 millones por lista de electores de segunda vuelta del 2021: partido rechazó monto

Fuerza Popular deberá pagar más de S/17 millones para acceder a la lista de electores de la segunda vuelta de las elecciones 2021, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El partido rechazó el monto y calificó como restrictivas las condiciones establecidas para la entrega de la información.

La decisión responde a una orden del Poder Judicial que declaró fundada una demanda de hábeas data presentada por Fuerza Popular. El fallo dispone que la ONPE entregue las listas de votantes, pero sin incluir datos sensibles como fotografías, firmas ni huellas dactilares. La entidad electoral sostiene que estos elementos están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales.

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El organismo electoral precisó que la información solicitada abarca a más de 18,8 millones de ciudadanos que participaron en la segunda vuelta de las elecciones 2021. La entrega se realizará en formato digital en el corto plazo. El soporte físico tomará más tiempo debido al volumen del material, que supera los dos millones y medio de páginas.

Además, la resolución judicial establece que el costo de las copias certificadas asciende a S/17.532.630. Este monto deberá ser cubierto por Fuerza Popular si decide acceder a la versión física completa. La ONPE indicó que este cobro responde a los gastos operativos y al proceso de certificación exigido.

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Fuerza Popular cuestiona costo y advierte restricciones en el acceso

El partido Fuerza Popular expresó su rechazo al monto fijado para acceder a la información. A través de un comunicado, sostuvo que “la transparencia no puede tener precio” y cuestionó que se exija un pago millonario para obtener datos vinculados a las elecciones 2021. También señaló que esta exigencia económica actúa como una barrera.

La agrupación política también criticó que la entrega de la ONPE no incluya todos los elementos originales de las listas. Según indicó, la exclusión de firmas, fotografías y huellas limita la posibilidad de realizar un control más exhaustivo. “Se pretende entregar información parcial”, advirtió el partido en su pronunciamiento público.

Desde la ONPE, en cambio, se remarcó que la institución solo cumple con lo ordenado por el Poder Judicial. La entidad aseguró que la anonimización de los datos responde a obligaciones legales y a la protección de información sensible de los ciudadanos. En esa línea, reiteró que el proceso se ajusta a la normativa vigente y busca evitar la exposición de datos personales.