La jueza suspende de forma cautelar las obras de la megaurbanización en una zona sin saturar del litoral de Huelva
La medida, que frena el proyecto Sagitta en El Rompido, no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales
Adiós a una de las pocas zonas costeras de Huelva sin tocar: la mayor urbanización de Andalucía levantará cientos de casas
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2, promovido en El Rompido, término municipal de Cartaya (Huelva), y vinculado al desarrollo de a macrourbanización de lujo Sagitta impulsado por la promotora Loiola. El megacomplejo prevé un mínimo de 800 viviendas, tres hoteles, un campo de golf, un centro comercial y más de 4.000 plazas de aparcamiento, en una zona que los denunciantes (Ecologistas en Acción) consideran turísticamente saturada y que alberga una importante riqueza botánica.
La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026 y a la que ha tenido acceso este periódico, estima la solicitud presentada por la federación en Huelva y ordena la paralización de cualquier actuación de “tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno” en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.
La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de “especial urgencia”. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la “finalidad legítima” del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados “podrían resultar irreversibles”.
Obras desde febrero
Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad” dado que, “una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.
Ecologistas en Acción señala que el informe pericial aportado al juzgado por el grupo conservacionista “acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada”. La resolución judicial subraya que estos daños “no son fácilmente reversibles y que su continuación resultaría de muy difícil o imposible reparación”.
El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el “deber de velar” por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada “el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales”.
Resolución judicial inminente
La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.
Ecologistas en Acción de Huelva ha valorado “positivamente” la decisión judicial, que considera “un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado”. La organización destaca que su actuación se ejerce “al amparo de la acción pública en materia ambiental” y “reafirma” su “compromiso” de “velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este”.
La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.