Agrupaciones de DD.HH. piden audiencia al ministro de Justicia y advierten “grave retroceso” en políticas de memoria

Hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llegaron representantes de la Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, quienes entregaron una carta solicitando una audiencia con el ministro Fernando Rabat.

El objetivo es manifestar su preocupación por decisiones recientes del Ejecutivo y del Congreso que, a su juicio, ponen en riesgo avances en memoria, verdad y justicia.

La acción se da en el marco de un encuentro nacional de las agrupaciones, instancia en la que calificaron las medidas del gobierno como “políticas de retroceso”. Así lo explicó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, quien entregó el comunicado en el Ministerio.

Tras la entrega del documento, las organizaciones leyeron una declaración pública en la que expresaron “preocupación e indignación” frente a una serie de medidas, entre ellas el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 desde Contraloría, la falta de urgencia al proyecto que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda y la tramitación de la ley de conmutación de penas.

Desde el Monumento Salvador Allende, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Iquique, Engracia Palominos, fue la encargada de transmitir lo que estaba escrito en la carta.

“Manifestamos nuestro rechazo categórico al proyecto de ley que busca otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad (…) Esta iniciativa constituye una estrategia de impunidad procesal”, declaró.

En esa línea, las agrupaciones advirtieron que este tipo de medidas “pretende relativizar el horror y terrorismo de Estado” y recalcaron que los responsables “no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información sobre el paradero de nuestros familiares”.

Otro de los puntos cuestionados fue el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, el que calificaron como una “señal de alarma”. “Su debilitamiento o abandono constituiría un grave retroceso democrático”, afirmaron, exigiendo que se respeten íntegramente los 175 compromisos asumidos por el Estado.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno a otorgar urgencia a la tramitación del proyecto que busca dar carácter permanente al Plan Nacional de Búsqueda: “La búsqueda de nuestros familiares debe ser ética y no puede quedar sujeta a voluntades políticas contingentes”, sostuvo Alicia Lira.

Consultada por la prensa sobre el escenario actual, manifestó que las señales del Ejecutivo son incluso peores de lo esperado. “Primero nombra un ministro de Justicia que fue el defensor jurídico del dictador, eso es una señal, porque él va atender a los familiares de las víctimas o a las víctimas mismas. Por eso, nosotros dijimos desde el inicio que estamos alerta”, justificó.

“Hoy día que haya un gobierno que quiera darle indulto, cuando incluso pasa a llevar la condena que le dio el Poder Judicial, nos parece aberrante”, agregó la presidenta de la AFEP, quien recalcó que la demanda no responde a “venganza”, sino a “justicia” y al resguardo de la democracia.

Pese a las críticas, las organizaciones manifestaron su disposición a dialogar con las autoridades. “Donde nos cite, ya sea el presidente o el ministro, ahí vamos a estar, porque ese es nuestro compromiso. No queremos darles la excusa de decir que estamos siendo parte de esta impunidad porque no los queremos escuchar”, expresó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se refirió al Plan Nacional de Derechos Humanos posterior a una reunión que se realizó en el Tribunal Constitucional. “Estamos iniciando su estudio, está a cargo de eso el subsecretario de Derechos Humanos y la idea es reingresarlo lo antes posible, pero estamos analizándolo”, indicó.

“Son muchas páginas, son muchas medidas y estamos haciendo un estudio acabado de ellos para poderlo reingresar lo antes posible”, puntualizó el secretario de Estado.

En tanto, las agrupaciones insistieron en la necesidad de establecer un canal permanente de diálogo con el Ejecutivo, subrayando que, a más de cinco décadas de los hechos, la demanda por verdad y justicia sigue vigente: “Para nosotros el Nunca Más es una consigna, es un estándar ético y jurídico que la democracia no puede relativizar”.