Factura de la huelga médica: más de 700.000 cancelaciones

España ha afrontado una de las semanas de mayor tensión asistencial de los últimos años a causa de la segunda convocatoria de huelga médica nacional indefinida que ha finalizado este viernes. Con un seguimiento que los sindicatos han situado en torno al 80% en los hospitales y al 50% en Atención Primaria, el impacto ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas, donde ha paralizado buena parte de la actividad ordinaria de la sanidad pública.

Según las estimaciones recogidas durante estos días, más de 700.000 actos médicos han sido suspendidos o aplazados, entre consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, que deberán ser reprogramados en cuanto el sistema encuentre huecos para absorber semejante acumulación de retrasos.

Las consecuencias de los paros han sido especialmente visibles en Andalucía, donde el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha cifrado en 77 millones de euros el coste acumulado durante las dos semanas de huelga celebradas hasta ahora. Esta cantidad incluye no solo la interrupción de más de medio millón de actos asistenciales, sino también la factura adicional que supone recolocar consultas y cirugías, reorganizar equipos y recuperar parte del trabajo perdido mediante horas extraordinarias.

El propio consejero subrayó el jueves que el daño es doble «porque afecta tanto a los recursos que ya se habían activado y no pudieron utilizarse como al gasto extraordinario que será necesario para evitar que las listas de espera sigan creciendo de manera inasumible».

Madrid también ha hecho públicos cálculos similares. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha explicado que «la comunidad acumula ya un impacto económico cercano a los ocho millones de euros» debido a las semanas de paros intermitentes que se han sucedido entre febrero y marzo.

Durante este periodo se han suspendido más de 130.000 consultas externas, en torno a 13.000 pruebas diagnósticas y alrededor de 6.000 intervenciones quirúrgicas, lo que ha provocado una reorganización masiva de la actividad sanitaria y la obligación de posponer citas que, en muchos casos, estaban previstas desde hace meses.

Matute ha vinculado directamente esta situación con la falta de voluntad de diálogo por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusa de haber generado la «peor huelga médica de la historia» y de contribuir a un «clima de confrontación» inédito entre profesionales.

En Aragón, el consejero, José Luis Bancalero, ha hablado estos días de «pérdidas de un millón de euros por semana de huelga, sin incluir aún los costes indirectos derivados de la necesidad de repetir pruebas diagnósticas y analíticas caducadas por la suspensión de actividad». Esta duplicidad supone un «gasto añadido» que eleva la factura por encima de lo inicialmente previsto.

Solo durante esta semana se han suspendido en la región 1.000 operaciones y 15.000 consultas, un volumen que «exigirá reforzar turnos, abrir agendas extraordinarias y activar horas extra».

El consejero advirtió de que el conflicto está provocando una «importante disfunción interna» y que su continuidad durante los próximos meses será «difícil de absorber».

El impacto ha sido igualmente severo en otras regiones. Cantabria, Baleares, Asturias, Galicia y Castilla y León han informado de centenares de cirugías aplazadas y de miles de consultas y pruebas que deberán reprogramarse.

En los hospitales, servicios como Anestesiología y Reanimación, y otras especialidades clave para la actividad quirúrgica han sufrido una interrupción prácticamente total, lo que ha obligado a cerrar quirófanos durante varias jornadas. En Atención Primaria, muchos centros apenas han podido atender una parte de las citas previstas, aunque los servicios mínimos hayan estado en «máximos».

«Una huelga no es un éxito»

A este respecto, cabe destacar las palabras de la secretaria general del sindicato Amyts, Ángela Hérnandez, quien ha recordado que «una huelga médica nunca es un éxito porque sabemos cómo afecta a los pacientes». «Recordamos que nada urgente o no demorable ha dejado de ser atendido en estos días, y pedimos paciencia, comprensión y ayuda a la población porque todo esto lo hacemos precisamente para tener más tiempo para atenderles y para que haya menos listas de espera», explicó.

En paralelo a las protestas, la tensión política e institucional ha ido «in crescendo». Tres comunidades autónomas, País Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias, han solicitado este viernes formalmente a Mónica García la creación de una figura de mediación independiente que pudiera ayudar a desbloquear el conflicto.

Los consejeros de estas regiones, ninguna gobernada por el PSOE, argumentan que la huelga «está teniendo un impacto muy relevante sobre la atención sanitaria» y que es «imprescindible avanzar hacia una solución dialogada que reduzca la presión sobre los servicios de salud».

La propuesta incluía la posibilidad de que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes actuara como entidad neutral para facilitar el entendimiento entre el Ministerio y los sindicatos.

La cerrazón de la ministra

Sin embargo, la ministra, en un nuevo ejercicio de irresponsabilidad, la ha rechazado frontalmente. Mónica García ha alegado que no es necesaria ninguna figura externa porque «ya existe un marco de diálogo legítimo, el Foro de la Profesión Médica», en el que, según ella, están representadas las principales organizaciones del sector.

La ministra sigue aferrada a lo que ella considera una baza, pero que no es más que el último clavo ardiendo al que agarrarse ahora que su popularidad está por los suelos. García defiende además que su departamento «ha mantenido abiertas las puertas al diálogo en todo momento» y que se alcanzó un acuerdo previo con los integrantes del Foro.

Recordemos que el comité de huelga salió al paso de esas declaraciones y subrayó que ellos son el único órgano legitimado para negociar, modificar o desconvocar los paros, por lo que la negociación solo puede ser directamente con ellos, a los que en ningún momento se ha dirigido desde que su segundo, Javier Padilla, pulverizara en diciembre cualquier posibilidad de entendimiento.

La negativa de la ministra fue interpretada tanto por los convocantes de la huelga como por las autonomías como una muestra más de cerrazón por parte del Ministerio.

El comité de huelga insiste en que no ha habido un contacto real y formal con capacidad negociadora y que los avances anunciados por Sanidad no atienden las reivindicaciones de fondo del colectivo. El conflicto no solo continuará, sino que se recrudecerá de cara a junio si no hay avances.