Reforma minera del Congreso apunta a concesiones ociosas, pero no quiebra el acaparamiento
El martes 17 de marzo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que propone modificar el régimen de concesiones mineras en el Perú. La iniciativa plantea cambios a la Ley General de Minería, reduciendo de 30 a 15 años el plazo máximo para que una concesión considerada ociosa caduque, e incorporando mayores exigencias de producción, inversión y pago de derechos.
Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el predictamen mantiene el plazo inicial de 10 años para que una concesión minera inicie producción, pero reduce de 20 a solo 5 años el periodo adicional para el pago de penalidades. Es decir que, si después de 15 años desde la obtención del título no se ha iniciado la operación, la concesión caducará automáticamente.
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Una reforma que no aborda el problema de fondo
A pesar de estos cambios, especialistas como el economista e investigador de Cooperacción José De Echave consideran que la reforma es insuficiente y no ataca los desafíos más gravitantes del sector. En su opinión, el debate político y mediático se ha reducido a definir si el plazo adecuado para la caducidad debe ser 30 o 15 años, dejando de lado una discusión mucho más importante: el destino de los casi 20 millones de hectáreas ya concesionadas en el país.
“Hoy en día sí hay un acaparamiento de concesiones mineras, las cifras muestran que el 1% de los titulares mineros controlan más del 50% de las concesiones mineras, y que hay 17.700.000 hectáreas que no están siendo utilizadas para ningún tipo de actividad minera, lo que evidencia un serio problema de acaparamiento del territorio”, advirtió.
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A su vez, recalca que, aunque la pequeña minería y los mineros que buscan formalizarse necesitan espacio para desarrollarse, dicho espacio no se generará únicamente reduciendo los plazos de caducidad.
“El país requiere una discusión profunda, seria y sustentada en datos oficiales, en lugar de debates polarizados o alertas tremendistas o catastrofistas de los gremios empresariales”, indicó. Pero por otro lado, apunta al Congreso y sostiene que cualquier iniciativa aprobada desde el Parlamento carece de legitimidad en este momento, en pleno proceso electoral, pues cambios de esta magnitud deberían discutirse en el próximo Senado, donde se espera un debate más técnico y menos apresurado.
“Se debe distinguir entre la minería formal, la informal y la ilegal”
Frente al dictamen aprobado, que ahora será debatido en el Pleno, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó que los cambios propuestos impactarían no solo en proyectos en etapa inicial, sino también en operaciones en marcha, debido a modificaciones en el derecho de vigencia y el esquema de penalidades.
En esa línea, advirtió que el dictamen podría incentivar la expansión de la minería ilegal y generar nuevas invasiones de concesiones. En la lectura del experto en conflictos sociales Pedro Yaranga, el dictamen aprobado no debilita la inversión minera formal ni mucho menos favorece la minería ilegal. En su opinión, el debate se ha polarizado con argumentos extremos.
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“Completamente falso que este dictamen sea una ventana para la minería ilegal o que mate la minería formal. El país necesita avanzar hacia un enfoque más integral, con diálogo territorial permanente, escuchar a las comunidades y con un enfoque de minería verde”, afirmó.
A contraparte, la SNMPE recuerda que hacer realidad hoy un proyecto minero en el Perú puede tomar hasta 40 años, ya que solo cumplir con todos los trámites y permisos engorrosos demanda más de 11 años. Ante este planteamiento, De Echave, quien también fue viceministro de Gestión Ambiental, reconoció que si bien algunos proyectos mineros de maduración lenta podrían verse afectados; critica que se pretenda generalizar esta situación presentándola como si “toda la actividad minera siguiera el mismo patrón”.
Para sustentar esta observación, recuerda que “existen proyectos que se han desarrollado en menos de 10 años, como el caso de Las Bambas (Apurímac)”. Por ello, insiste en que el país necesita discutir, con evidencia verificable y comparaciones internacionales, cuál es realmente el tiempo promedio de maduración de un proyecto minero, “y no basándose únicamente en testimonios empresariales”.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que la reducción de plazos podría debilitar la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones mineras y generar efectos adversos, como un incremento de conflictos sobre concesiones y mayores incentivos para la ocupación ilegal.
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Para De Echave el predictamen no fomenta necesariamente la informalidad o la ilegalidad. Por el contrario, considera que para combatir ambos fenómenos es indispensable revisar de manera integral el sistema de asignación y administración de concesiones, ya que el modelo vigente no ha logrado ordenar el sector.
En ese sentido, el economista sostiene que el foco debería estar en quienes realmente tienen disposición de formalizarse. “Con los que hay que trabajar son los mineros que están con la voluntad de formalizarse y cumplir ciertos requisitos. Y los que mantienen la inscripción en Reinfo, que yo creo que es un registro que debería terminar, ahí hay un núcleo, digamos, de 20.000 mineros, con los cuales creo que se puede comenzar a trabajar el sistema” , acotó.
El verdadero desafío: un modelo que no se discute
Para De Echave, las advertencias del empresariado, del Minem y del Congreso no abordan el problema central. Sostiene que el verdadero desafío no es la reducción de plazos para declarar la caducidad de una concesión, sino la revisión profunda del modelo de concesiones mineras vigente desde hace más de tres décadas.
El especialista señala que la concentración del territorio concesionado, su subutilización y un marco normativo que facilita el acaparamiento son los temas que deberían estar en el centro del debate.
“Los gremios empresariales evitan abordar los problemas de fondo y busca preservar una política de concesiones originada en la década de 1990”, sentenció.