Un fiscal general para la república
La acumulación de todos los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en las mismas manos —escribió Madison en El Federalista No. 47—, puede considerarse con justicia la definición misma de la tiranía”. Lo que Madison no alcanzó a anticipar —porque su república era nueva y su esperanza, todavía intacta— es que la tiranía más peligrosa no siempre llega por asalto. A veces llega por agotamiento: cuando las instituciones se vacían por dentro, cuando los plazos se estiran, cuando quienes ocupan los cargos confunden el puesto con el poder y el poder con la impunidad.
Guatemala acaba de cerrar el ciclo de designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Que ambos procesos hayan llegado a término —con todo y sus bemoles— es un hecho que merece reconocerse. Ahora la pregunta no es quiénes llegaron, sino qué harán con lo que recibieron: si sus resoluciones responderán a la construcción del Estado de derecho o si la toga se inclinará ante intereses que no son los de la república. Esa respuesta, por definición, no se puede adelantar. Solo se puede exigir.
Lo que sí puede —y debe— decirse hoy es que la elección del próximo fiscal general no es un mero trámite; es, en este momento, la decisión institucional más importante que enfrenta Guatemala.
El Ministerio Público (MP) lleva años atrapado en un ciclo que los guatemaltecos conocen de sobra, que los guatemaltecos nombran con indignación. Empezó con la politización de la persecución penal, con fiscales que aprendieron a distinguir no entre culpables e inocentes, sino entre útiles e inconvenientes. Se profundizó cuando una comisión internacional, que llegó con el mandato de fortalecer la institucionalidad, terminó por personalizarla: el MP no salió más sólido de ese experimento, salió más dependiente, más frágil, más atado a agendas que le eran ajenas. Lo que quedó es una institución en la que los guatemaltecos no confían, y con razones fundadas para ello.
Cicerón lo entendió antes que nadie: la república no descansa en la bondad de sus magistrados, sino en la brevedad de su mandato. Porque el poder que no rota se enquista, y el que se enquista, tarde o temprano, deja de servir a la república para empezar a servirse a sí mismo.
Así, la comisión de postulación tiene una responsabilidad que no puede tomarse a la ligera. Su función no es negociar cuotas ni equilibrar influencias: es construir una nómina de seis perfiles que la república pueda reconocer como suyos. Perfiles cuya idoneidad no sea declarada, sino demostrada. Esa nómina llegará al escritorio del presidente y, con ella, la responsabilidad más pesada de este ciclo institucional. El presidente tendrá que elegir y lo que Guatemala le pide —lo que cualquier ciudadano razonable, independientemente de su ideología, tiene derecho a exigir— es que esa elección no responda a preferencias políticas ni a lealtades personales, sino a una pregunta simple y exigente: ¿es esta persona capaz de servir a la república, y no al revés?
Porque el cargo de fiscal general no es un cargo político, es un cargo técnico de la más alta exigencia jurídica; no es el brazo judicial del Ejecutivo ni el instrumento de ningún sector.
Lo que Guatemala necesita es que quien llegue a ese puesto entienda desde el primer día que su única fidelidad es la Constitución. Que devuelva a los ciudadanos algo que hace mucho perdieron: la certeza de que el sistema funciona. Que el que la hace, la paga.
Esa certeza —la de vivir bajo un Estado de derecho y no bajo un estado de legalidad aparente— es la que distingue a las repúblicas que prosperan de las que se consumen en sus propias contradicciones. Y su construcción empieza, en Guatemala, por una Fiscalía que sirva a la república; la alternancia y la renovación generacional son sus bastiones.