Presión frustrada de Bolaños a los obispos con las indemnizaciones de los abusos antes de la visita del Rey al Papa

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quería presentarse este viernes ante el Papa León XIV en el Vaticano –al que acudirá en la comitiva del Rey Felipe VI, que asumirá el título de protodiácono de Santa María la Mayor– con un acuerdo arrancado a los obispos sobre indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual en la Iglesia. Y para ello ha utilizado su habitual táctica de presión a los obispos, a través de filtraciones a medios afines para intentar aplicar una política de hechos consumados , y condicionar el encuentro que tenía previsto este miércoles con los representantes episcopales para avanzar en esa negociación. El objeto de la reunión, que se inscribe en los habituales encuentros entre ambas partes sobre la cuestión de los abusos, era concretar los términos del acuerdo firmado el pasado 8 de enero en el que la Iglesia asumía que el Defensor del Pueblo ejerciera como receptor de reclamaciones de aquellas víctimas que, no habiendo tenido posibilidad de acudir a la vía judicial –por prescripción del delito o muerte del victimario –, tampoco quisieran acogerse a los cauces ya establecidos por la Iglesia, para esta reparación a través de la comisión PRIVA. La negociación del protocolo que debe regular la implicación del Defensor del Pueblo está abierta desde enero y es preceptiva para que la Oficina que dirige Ángel Gabilondo comience a actuar. Sin embargo, la presión por parte del ministerio –que ha llegado a filtrar la posible firma del acuerdo en la sede del Defensor del Pueblo para este jueves– no ha conseguido su objetivo y la reunión ha acabado a última hora de la tarde sin acuerdo . Pese a ello, «se han adelantado los trabajos en varios puntos», según han explicado a ABC fuentes de la Conferencia Episcopal. El viernes, Bolaños no podrá ponerse ante el Papa la 'medalla' de este acuerdo. Pese a los avances, la negociación se había embarrado en esta fase final, porque el ministerio había intentado introducir varios aspectos que no estaban recogidos en el acuerdo inicial. Según ha podido conocer ABC, Bolaños está intentado imponer el criterio con el que explicaba el acuerdo en la rueda de prensa del pasado enero, justo después de la firma, cuando sentenció que a partir de ese momento «el Estado fijará las indemnizaciones y la Iglesia las pagará». Una afirmación muy alejada del texto acordado y de lo que luego explicaban Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, presidentes de la Conferencia Episcopal y de la Conferencia respectivamente y firmantes por parte de la Iglesia. El acuerdo señala que la Iglesia mantendría «su propio sistema de reparación puesto en marcha por el PRIVA», por lo que el procedimiento arbitrado desde la Oficina del Defensor del Pueblo iría destinado «a aquellas víctimas que no quieran ir al PRIVA». Pero ahora el ministerio pretende presentar el nuevo sistema como «alternativo al eclesial y no complementario como se había hablado», han explicado a ABC fuentes de la negociación. De ahí se derivaría que las víctimas que ya han acudido al PRIVA estos meses –algo más de un centenar– pudieran recurrir al Defensor del Pueblo como una segunda instancia , reclamar una revisión de su resolución y un eventual aumento de la cuantía recibida. A ello, se suma también el intento de incluir a los adultos en cualquier tipo de vulnerabilidad dentro de las víctimas que tendrían acceso a este tipo de reparación. Sin embargo, el PRIVA, al que hace referencia en todo momento el acuerdo firmado, sólo habla de «menores de edad o personas mayores equiparables en derecho» a esa minoría de edad. Por contra, el ministerio pretende que cualquier víctima –con independencia de la edad en la que fue abusada– pueda acudir a la oficina del Defensor del Pueblo a reclamar esta reparación. Este es uno de los puntos en los que ha habido un acercamiento de posiciones . A ello se suma la reclamación de algunas asociaciones que pretenden que las víctimas que han podido acogerse a la vía judicial también tengan la opción de reclamar una mayor indemnización a través del Defensor del Pueblo. Mientras tanto, la comisión PRIVA, el grupo independiente de expertos legales, en psiquiatría y psicología creado por la Iglesia para analizar estos casos, ha seguido funcionando con normalidad. De hecho, desde enero la comisión ha recibido 23 nuevas peticiones, por lo que el número de solicitudes desde que comenzó sus trabajo en febrero de 2025 asciende a 131. De ellas ya ha aprobado 83 dictámenes de indemnización ( en enero eran 61 ), lo que implica que la Iglesia (las diócesis o congregaciones religiosas a la que pertenecía el victimario) han desembolsado alrededor de dos millones y medio de euros , si se tiene en cuenta que la media de las indemnizaciones ronda los treinta mil euros.