Cambios en regulación para trabajadores agrícolas en el gobierno de Trump reflejan contradicciones y riesgos

Washington, Estados Unidos. Durante años, uno de los argumentos centrales del presidente Donald Trump en materia migratoria era que reducir la inmigración -especialmente la irregular- ayudaría a elevar los salarios y las oportunidades laborales para los trabajadores estadounidenses.

Pero en el sector agrícola, una de las industrias más dependientes de mano de obra extranjera,la realidad está comenzando a mostrar un panorama más complejo y, para algunos economistas y organizaciones laborales, incluso contradictorio.

Las redadas migratorias, el endurecimiento de los controles fronterizos y la reducción en el flujo de nuevos inmigrantes han agravado la escasez de trabajadores en los campos estadounidenses, una tendencia que ya venía gestándose desde hace años a medida que los trabajadores agrícolas envejecen y cada vez menos estadounidenses están dispuestos a realizar estas labores.

Ante ese escenario, la propia administración ha comenzado a recurrir a una herramienta que durante décadas ha servido para suplir la falta de mano de obra: el programa de visas temporales H-2A, que permite a los agricultores contratar trabajadores extranjeros por temporadas.

En los últimos meses, además, el gobierno ha impulsado cambios regulatorios para facilitar el uso de ese programa y reducir los costos laborales para los productores.

“La economía agrícola se encuentra en una situación difícil y el presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito”, dijo la semana pasada Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, al defender las nuevas medidas.

Alarma por reducción de salarios en el sector agrícola de EE. UU.

Sin embargo, los cambios han suscitado críticas desde varios frentes, incluidos sindicatos y grupos que tradicionalmente apoyan las restricciones migratorias, quienes sostienen que las nuevas reglas podrían reducir los salarios en el sector.

La economía agrícola se encuentra en una situación difícil y el presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito

Uno de los cambios más importantes modifica la forma en que se calcula el salario mínimo que deben recibir los trabajadores bajo el programa H-2A. Según estimaciones citadas por organizaciones laborales, la nueva metodología podría reducir los pagos por hora entre uno y siete dólares dependiendo del estado. Además, las nuevas disposiciones permiten a los empleadores incluir el valor de la vivienda como parte del paquete de compensación de los trabajadores temporales.

Para la organización Agricultores Unidos de América, que representa a miles de trabajadores del campo, la medida podría tener efectos indirectos sobre los trabajadores estadounidenses.

El sindicato presentó una demanda argumentando que la regla podría reducir también los salarios de los trabajadores domésticos o incluso desplazarlos del mercado laboral.

La controversia refleja el dilema que enfrenta la política migratoria de la administración Trump al intentar equilibrar tres objetivos que no siempre son compatibles entre sí: reducir la inmigración, mantener bajos los precios de los alimentos y mejorar los salarios de los trabajadores estadounidenses.

En un documento regulatorio presentado en octubre, el propio Departamento de Trabajo reconoció las tensiones que atraviesa el sector agrícola.

“La casi total cesación del ingreso de inmigrantes ilegales, combinada con la falta de una fuerza laboral legal disponible, genera interrupciones significativas en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”, señaló la agencia.

Las trabas para hacer uso de la visa de trabajo H-2A en EE. UU.

La escasez de mano de obra se ha vuelto particularmente visible en los cultivos intensivos, como frutas y vegetales.

Una encuesta realizada por el California Farm Bureau junto con la Universidad Estatal de Míchigan encontró que solo el 0,4 por ciento de los agricultores reportó haber perdido trabajadores directamente debido a redadas migratorias.

Sin embargo, más del 14 por ciento afirmó que el clima de temor generado por el aumento de la aplicación de leyes migratorias ha provocado escasez de mano de obra. En cultivos intensivos, la cifra se acerca al 20 por ciento.

Al mismo tiempo, el uso del programa H-2A ha crecido de forma sostenida en las últimas dos décadas.

En el año fiscal 2025 se certificaron casi 400.000 puestos bajo este esquema, frente a cerca de 50.000 en 2005. Según estimaciones oficiales, estos trabajadores representan hoy alrededor del 15 por ciento de la fuerza laboral agrícola del país.

Aun así, los empleadores deben demostrar primero que no han logrado contratar trabajadores estadounidenses antes de recurrir al programa.

Los datos sugieren que ese proceso rara vez encuentra candidatos locales. En 2025, de los más de 415.000 puestos agrícolas anunciados, solo 182 recibieron solicitudes de trabajadores estadounidenses.

Para algunos analistas, estos números cuestionan la idea de que endurecer la política migratoria podría traducirse automáticamente en más estadounidenses trabajando en el campo.

Las propuestas en el Congreso para el sector agrícola

El debate también se ha trasladado al Congreso, donde legisladores de ambos partidos discuten proyectos para ampliar y simplificar el programa H-2A. Una propuesta bipartidista presentada el año pasado plantea reducir los costos administrativos y extender el sistema a empleadores agrícolas que operan durante todo el año, como las granjas lecheras.

Mientras tanto, el número de trabajadores agrícolas indocumentados sigue siendo significativo. De acuerdo con las estimaciones más recientes del gobierno federal,cerca del 40 por ciento de los trabajadores del campo no tienen estatus legal, mientras que aproximadamente un tercio son ciudadanos estadounidenses.

Para muchos economistas agrícolas, el problema central sigue siendo el de los incentivos económicos.

Reducir los salarios de los trabajadores temporales, argumentan algunos expertos, difícilmente atraerá a más estadounidenses al sector. Por el contrario, podría profundizar la dependencia de la agricultura con trabajadores extranjeros, de la mecanización o incluso de las importaciones de alimentos.