Vida, familia y libertad
Entre los días 11 y 13 de marzo del presente año se celebró, en Santo Domingo, República Dominicana, el «Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia». Dicho evento se constituyó en un espacio de deliberación y diálogo interdisciplinario que congregó a líderes políticos, representantes de confesiones religiosas, académicos y actores de la sociedad en general, quienes compartieron reflexiones, experiencias y enfoques en torno a los principios que fundamentan esta iniciativa.
El Congreso, por cierto, se configura como una instancia orientada a la promoción y defensa de la vida humana, la institución familiar y las libertades inherentes e inalienables de la persona, sustentada en una eminente cosmovisión de raigambre cristiana. En consonancia con estos postulados, procura incidir en los sistemas políticos de Iberoamérica mediante la promoción de iniciativas legislativas, la formulación de políticas públicas y la articulación de propuestas emanadas desde y para la sociedad civil.
Su ámbito de acción se proyecta sobre aquellas esferas que inciden en la dimensión axiológica de las naciones, en los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en las instituciones educativas, así como en la práctica jurisprudencial que guía la interpretación y aplicación del derecho. Todo ello, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de un genuino Estado de derecho, comprometido con la protección de la vida, la salvaguarda de la familia y el ejercicio responsable de la libertad.
En lo que respecta a su trayectoria institucional, desde el año 2017 hasta la fecha se han llevado a cabo nueve congresos internacionales en modalidad presencial y uno en formato virtual, este último en el contexto de la reciente pandemia global. De igual forma, se ha participado en nueve asambleas de la «Organización de los Estados Americanos», así como en la planificación de cuatro foros legislativos, la emisión de declaraciones estatutarias y la publicación de diversos documentos programáticos coherentes con su ideario institucional.
Y es que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en el horizonte de la República, es afirmar con sobriedad y firmeza que toda persona está investida de una dignidad inviolable que el orden jurídico no crea, sino que reconoce y resguarda sin excepción. Desde una perspectiva teológica, esa dignidad hunde sus raíces en el misterio de la vida como don de Dios y reflejo de su imagen, lo que consagra su carácter inalienable. De este modo, una auténtica República no solo se agota en la proclamación de libertades, sino que se eleva en la responsabilidad de amparar a los más vulnerables —los no nacidos, los enfermos, los ancianos—, dando forma a un orden en el que la justicia, la responsabilidad y el bien común se entrelazan con armonía. En este horizonte, la defensa de la vida emerge como la piedra angular, ética y jurídica, sobre la cual reposan y encuentran pleno sentido todos los demás derechos.
Por otra parte, conviene recordar que la familia tradicional ha sido, a lo largo de los siglos, uno de los cimientos más sólidos de la vida republicana, en tanto escuela primera de virtud cívica, sentido del deber e interés general. En su seno no solo se transmiten valores y tradiciones, sino que se forma el carácter de los ciudadanos que sostienen la libertad y el orden natural de la sociedad. Lejos de ser una creación de los Estados modernos, la familia precede a estos y, desde una perspectiva cristiana, se comprende como una institución de origen divino, inscrita en el orden natural querido por Dios, lo que refuerza su dignidad y su papel fundamental en la continuidad de la civilización y la estabilidad de la nación.
Cuando la familia se debilita o se fragmenta de manera profunda, se resienten las bases mismas del cuerpo político: se diluyen los referentes morales para las nuevas generaciones, se empobrece el florecimiento humano y se incrementa la dependencia de estructuras externas que, por su propia naturaleza, difícilmente pueden sustituir la formación integral que brinda el hogar, dando lugar a tensiones culturales que comprometen, a mediano plazo, la salud de la entera comunidad política.
Valgan mis más sinceras y encendidas felicitaciones a los organizadores del «Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia», cuya labor, inspirada en la valentía serena y la hidalguía de espíritu, se alza como testimonio elocuente en defensa de los fundamentos más nobles de la convivencia humana. En tiempos en que el clima cultural parece inclinarse hacia una creciente secularización —no exenta de complejidades, tensiones y desafíos—, su empeño no solo revela convicción, sino también una profunda conciencia del deber y un compromiso firme con la dignidad de la persona y el porvenir de nuestras sociedades.
No es empresa menor sostener con claridad y altura de miras la causa de la vida y la familia cuando estas son, con frecuencia, objeto de incomprensión o relativización. Por ello, su iniciativa adquiere un valor singular: no solo por lo que afirma, sino por el espíritu con que lo hace, convocando al diálogo, a la reflexión y a la renovación de aquellos principios que han nutrido históricamente la continuidad de nuestra civilización. En este sentido, su trabajo no se limita a la defensa, sino que contribuye activamente a reavivar una esperanza fundada en la verdad, la responsabilidad moral y la vocación de servicio al bien de los individuos y de la comunidad en general.