Un juez cita a declarar como investigado a un policía denunciado por torturas durante el franquismo en Madrid

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar en calidad de investigado a un exmiembro de la Brigada Político Social franquista tras la querella interpuesta por el activista antifranquista Carlos Serrano Suárez por torturas durante los meses de mayo y octubre de 1975, poco antes de la muerte del dictador. En una providencia fechada el 11 de febrero, el magistrado acuerda que el expolicía Agustín Costo Martínez y el propio Serrano acudan a declarar el próximo 22 de junio a los Juzgados de Plaza Castilla de la capital.

La querella estaba dirigida contra cinco exintegrantes de la policía franquista, por lo que, entre las diligencias ordenadas por el juez también está la petición a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que “realice las gestiones oportunas para averiguar la completa identidad” de otros tres, además de aclarar si uno de ellos “tuvo alguna intervención” en los hechos ante las dudas de que estuviera destinado en Madrid en aquel momento. Respecto al quinto querellado, reclama la confirmación de su fallecimiento en agosto de 2021.

El juzgado admitió la querella de Serrano Suárez en enero de este año, en la que denuncia “crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista”, según apunta la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua). En concreto, el antifranquista denuncia dos detenciones y torturas en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, por donde pasaron miles de represaliados que llevan años reclamando que la instalación de una placa en el edificio que recuerde lo que allí vivieron. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha negado reiteradamente a la petición.

Ceaqua celebra la decisión por suponer “un impulso relevante” en la tramitación de la causa y porque es algo que no suele ocurrir: hasta la fecha, casi todas las querellas por crímenes del franquismo que ha interpuesto el colectivo han sido archivadas. “A día de hoy la citación de querellante y querellado siguen siendo situaciones excepcionales”, lamenta la organización, que apunta a que España “no ha revertido las políticas de impunidad” y, en general, “está impidiendo la investigación judicial de los crímenes” cometidos durante la dictadura.

Aún así, en los últimos años algunas decisiones aisladas han comenzado a romper el muro que rodeaba a estos casos, al menos en lo que respecta a los primeros pasos de los procesos: en septiembre de 2023 Julio Pacheco se convirtió en la primera víctima del franquismo en declarar ante un juez en España, aunque un año después la Justicia decidió archivar el caso por prescripción. Además, en junio de 2025 una jueza de Elda imputó al exministro RodolfoMartín Villa y a Daniel Aroca del Rey, agente de la Policía Armada, por el asesinato de Teófilo del Valle durante las movilizaciones del sector del calzado Alicantino de febrero de 1976, ya en la Transición. La declaración del exministro ha sido pospuesta en un par de ocasiones.