El Gobierno admite no llevar ningún control sobre el número de inmigrantes que entra en España haciéndose pasar por menores
Una pregunta directa y una respuesta que no lo es tanto: "El Ministerio del Interior no dispone de datos estadísticos sobre el número de menores que resultan ser mayores de edad tras la realización de las pruebas médicas pertinentes". De este modo replica el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando es cuestionado en sede parlamentaria por el número exacto de inmigrantes que llegan a nuestro país en 2025 diciendo que eran menores y tras realizarles las pruebas, resulta que son adultos.
El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska admite -en respuesta a una pregunta escrita del PP en el Senado- no tener ningún tipo de control estadístico al respecto y se limita a explicar someramente cuál es el proceso que se sigue. Así, informa de que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localizan a un extranjero indocumentado "cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad", se le proporciona por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor. Hecho que se pondrá en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que "colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias".
Y hasta aquí la respuesta del Ejecutivo o la falta de ella sobre este tema. No es el acaso de otros temas como el "efecto llamada" por la regularización masiva de inmigrantes, donde el Gobierno de Sánchez se muestra más proactivo. Tanto que niega tajantemente la mayor: "No existe el 'efecto llamada' cuando se fija un plazo temporal para poder beneficiarse de la regularización extraordinaria, con fechas definidas y acotadas como es este caso. Sólo quién estuviera en nuestro país al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, y pueda demostrarlo, podrá acogerse a este proceso".
Los datos que desmienten el "efecto llamada"
De nuevo, a través de una respuesta parlamentaria en la Cámara Alta, el Ejecutivo asegura que "anteriores regularizaciones desmienten que se produjese dicho efecto". En este sentido, argumentan que tras la última regularización, la de 2005 -en la que se legalizó a más de millón de inmigrantes-, el flujo migratorio se redujo. "En los dos años previos (2003 y 2004) entraron en España 404.000 inmigrantes de media anual. Tres años después de la regularización (2005-2008), entraron 338.000 personas, a pesar de que la economía siguió creciendo", matizan desde el gobierno.
Insisten en lo del "crecimiento económico" porque a su juicio, el "efecto llamada" de los movimientos migratorios está relacionado con la situación del país de origen de los migrantes, y con el ciclo económico y el mercado laboral del país de destino. Por ello, presumen de que España es "una economía que crece desde hace varios años por encima de la media europea", con más de 600.000 empleos en 2025, y pese a ello, la llegada de inmigrantes tras una regularización masiva no aumenta.
A partir de aquí, el Ejecutivo se va por la tangente. "La forma más eficaz de hacer frente al fenómeno migratorio y luchar contra las redes de trata de seres humanos y tráfico de migrantes es la cooperación migratoria con los países de origen y tránsito", explica el Gobierno, a modo de introducción de los muchos logros y acuerdos que mantiene con Marruecos y que tanta polémica han generado.
Tras realizar un análisis exhaustivo de la presión migratoria que procede de África y los factores que la provocan, subrayan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado "visitas oficiales a Mauritania, Gambia o Senegal, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral". Por no hablar de las múltiples reuniones en las que participan a todos los niveles para "luchar contra las mafias".
Ninguneo a policías nacionales y guardias civiles
Finalmente, hace un enumeración de todas las actuaciones realizadas a nivel operativo y que incluye, entre otras: el despliegue de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en varios países socios africanos, para apoyar sus labores de gestión migratoria y control fronterizo; ayudas presupuestarias directas para contribuir a sufragar algunos de los gastos en los que incurren los socios africanos en sus actividades de control fronterizo y la gestión migratoria; equipos conjuntos de investigación; entrega de material operativo; formación y capacitación de las fuerzas de seguridad de nuestros socios; patrullajes conjuntos por tierra, mar y aire e intercambios permanentes de información operativa.
Y todo ello, mientras nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denuncian la falta de medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Frente a ello, la callada por respuesta del Ministerio del Interior y el ninguneo de su titular, Fernando Grande-Marlaska, que no tiene reparos en presumir de las "ayudas directas" o la "entrega de material operativo" a los gendarmes marroquíes.