Acaso un punto de quiebre, por César Azabache Caracciolo
Las recientes elecciones en el Colegio de Abogados de Lima han instalado como Decana a la señora Delia Espinoza. Siendo Fiscal de la Nación, la JNJ y el Congreso la destituyeron hace poco sin mayor fundamento. En este espacio hemos dedicado ya varias páginas a esos procesos y sus múltiples defectos. Ahora anotaremos solo que, en medio de las elecciones a las que decidió postular, la JNJ ratificó su destitución, el Congreso abrió un nuevo proceso para volver a inhabilitarla y su rival, Humberto Abanto, apareció ofreciendo una conferencia para los abogados que están en la policía, una entidad del Estado.
Parece difícil imaginar más expresiones de respaldo oficial o casi oficial a quien terminó derrotado en estas elecciones. Al hacer estos gestos, un sector importante de la coalición que aún gobierna se comprometió públicamente con una de las candidaturas. Al hacerlo, ese sector amplificó el sentido de la derrota, que entonces, por esa injerencia, termina alcanzando al aparato político de la coalición, o lo que queda de ella.
Ya pasó con el transporte público y la cuestión sobre seguridad urbana, en la que el desapego de la coalición por las personas terminó ocasionando más de una protesta. La coalición es hábil para distribuir puestos en base a componendas y luego deshacer sus propios acuerdos sin ningún sentido distinto al capricho. Pero no tiene habilidad colectiva para sostener la fidelidad de los sectores políticos a los que, al menos en teoría, deberían intentar representar. El gremio de los abogados de Lima dista mucho de estar ideologizado, como suele decir el señor Rospigliosi. Tampoco está impregnado de progresistas. Es más bien un gremio conservador, en el que predominan los profesionales de clase media, buena parte de ellos empleados del Estado, de empresas particulares o dueños de pequeñas oficinas. Perder allí es perder en esos espacios en los que las herramientas básicas de la coalición, el anti progresismo y el clientelismo, podrían haber generado adhesiones intuitivas. Aparentemente eso no ha ocurrido. O si ocurrió, ha sido con tan escasa intensidad que cualquier esbozo de simpatía ha sido aplastado, acaso por los excesos de exhibición de poder que abundan en las prácticas cotidianas de quienes ahora manejan el poder.
Entre nosotros esas exhibiciones alejan, no fidelizan prácticamente a nadie.
Hay muchos símbolos alrededor de estas elecciones que, vistos con cuidado, pueden revelar tendencias más que sugestivas. En el fondo del escenario de estas elecciones está la querella presentada contra Fernando Rospigliosi por haber afirmado en público que la señora Espinoza es aliada del terrorismo y las economías ilegales. Abanto es el abogado de Rospigliosi en esa querella. Antes de eso, Humberto Abanto se había presentado en público como uno de los abogados de Patricia Benavides en el caso que terminó haciendo estallar a la Junta de Fiscales Supremos. Hace solo unos días, apareció en público como abogado de Vladimir Cerrón, el prófugo menos buscado de los últimos años. Además, tomó hace muy poco la defensa de una de las personas que han sido incorporadas al caso que se sigue por la muerte de Lizeth Marzano.
Como abogado de litigios que es, Abanto puede tomar las defensas que elija tomar. Pero el decanato es un puesto de representación. Representar personas expone a cualquier candidato o candidata a un escrutinio público sobre sus propias preferencias y el modo en que estas se enlazan o no con la identidad de los demás, quienes votan. Abanto es portador de un paquete denso de símbolos que evocan la defensa del régimen actual, leyes pro crimen incluidas. Desde ese perfil, su postulación al decanato hizo de las elecciones en el Colegio de Lima un test de validación de la capacidad política de la coalición. Una muestra limitada, el universo era de solo 40 000 electores. Pero el sector de la coalición que decidió exponerse en esas elecciones dejó en evidencia que no es capaz de generar adhesiones espontáneas en periodos cortos ni siquiera allí donde están las personas a las que pretende representar.
La elección de la señora Espinoza tampoco puede ser interpretada usando reducciones simplistas o binarias. Delia Espinoza ha desarrollado su carrera profesional como fiscal; como magistrada, no como abogada de litigios. En nuestra historia reciente hay registros excepcionales de magistrados que han sido luego de su retiro Decanos de Lima. Marcos Ibazeta y Pedro Angulo son dos ejemplos. Pero en este listado el único caso comparable al de Delia Espinoza es el de Delia Revoredo, destituida del Tribunal Constitucional en mayo de 1997 por el Congreso de entonces, fujimorista en su mayoría, y elegida como Decana de Lima en abril de 1998.
Las coincidencias históricas no forman reglas ni anticipan hechos, pero sugieren procesos en formación que pueden representar momentos muy particulares. El Colegio de Abogados de Lima, un espacio poderoso en la formación de corrientes de opinión institucional hasta los años noventa, comenzó a recuperar presencia institucional durante la reciente gestión de Raúl Canelo, que no ha sido nada sencilla ni ha estado libre de resistencias. Ahora el colectivo de abogados de Lima reproduce en los hechos un símbolo político que transmite una reivindicación moral a contrasentido de las preferencias de quienes aún impulsan la coalición.
Esta elección ha instalado un dispositivo que prácticamente habíamos abandonado como recurso colectivo: la reivindicación de quienes han padecido las consecuencias personales de un proceso orientado a desmontar reglas y controles y a remover de sus cargos a quien ha decidido no alinearse con una coalición que empieza a dar señales de caducidad.
El proceso adquirió una aceleración impensable desde diciembre de 2022.
Pero este puede ser su punto de quiebre.