La Xunta encarga controlar la neutralidad ideológica en las aulas de A Coruña a un exalcalde que alabó el golpe de Franco

En julio de 2023 se celebraron las últimas elecciones generales en España, unos comicios que el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confiaba en ganar para sentarse en La Moncloa en lugar de Pedro Sánchez. Por aquel entonces, esa euforia previa se extendía por todas las agrupaciones del PP. En la localidad coruñesa de Noia, su alcalde, Santiago Freire, reenviaba al grupo de whatsapp de la directiva local una foto de Francisco Franco junto con otros renombrados golpistas: Mola, Saliquet, Queipo de Llano y Cabanellas, todos ellos de uniforme. “La última vez que hubo Generales en julio salió bien la cosa...”. Freire dejó de ser alcalde en agosto de 2025, desalojado por una moción de censura tras la que se descubrió que había gastado 30.000 euros en copas, chupitos y cenas. Este martes, el Diario Oficial de Galicia ha publicado su nombramiento como nuevo jefe territorial de Educación en la provincia de A Coruña, donde una de sus labores será velar porque se cumpla la “neutralidad ideológica” que se ha convertido en una de las obsesiones de la Consellería.

A Freire –veterinario de formación, sin relación con la administración educativa– no sólo le gusta bromear con el fascismo. Su nombre se viralizó en marzo de 2017, después de que decidiese utilizar su intervención en los actos oficiales del 8M para ejemplificar, con un humor más que dudoso, “las muchas complejidades y dificultades fisiológicas” que las mujeres “tienen con respecto al hombre”. Según él, lo que caracteriza a la mujer es que “es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse”. La ola de condena lo obligó a tener que disculparse, pero también lo hizo a su manera, atribuyendo el tono a la retranca gallega y culpando a la oposición de difundir sus palabras “fuera de contexto”.

La carrera política de Freire fue, cuando menos, curiosa. Alcalde de Lousame (3.000 habitantes) en tres ocasiones –las dos últimas por mayoría absoluta– dejó el cargo un año después de su última victoria para presentarse al Parlamento de Galicia, la plataforma desde la que intentó dar el salto al Gobierno local de Noia, cabeza de la comarca con sus 14.000 habitantes. Lo que no conseguiría en los comicios de 2015 lo logró, meses después, con una moción de censura como la que , casi una década después, le quitó el bastón de mando a él mismo.

Los escándalos continuaron persiguiéndolo también en la oposición. elDiario.es desveló que el grupo municipal del PP, con él al frente, había pasado al Concello, entre 2018 y 2024, casi 30.000 euros en copas, chupitos y cenas, presentados como “gastos de funcionamiento” pese al reparo de la intervención municipal, que tumbó otras facturas como la impresión de papeletas electorales o el pago de un bus para el mitin de cierre de campaña de las generales de 2023, aquella que soltó la retranca de Freire.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado por aquellos desembolsos admitió que “algunos conceptos llaman la atención”. Tanto la llamaron que el Tribunal de Contas decidió indagar. En diciembre, la Fiscalía del mismo órgano abría otra investigación, en este caso sobre subvenciones a dos clubes deportivos a los que su gobierno entregó más de 130.000 euros en 2019. Fuentes municipales confirman que ambas causas siguen abiertas.

Aferrado al acta

El nuevo gobierno local de Noia le pidió que entregase el acta de concejal, pero Freire siguió aferrado a ella a la espera de un destino mejor, como el que le ha proporcionado su partido poniéndolo al frente de Educación en la provincia con más centros y más alumnado. “El nuevo director territorial, funcionario y con una amplia experiencia en la gestión pública, cunple con los requisitos necesarios para el puesto. Por eso fue nombrado”, respondió la Consellería a las preguntas de esta redacción.

Una de las labores de Freire como jefe provincial –el cargo oficial es director territorial de A Coruña– será velar junto a la inspección por uno de los caballos de batalla de la consellería que dirige Román Rodríguez en un curso en el que se acaba de convocar la sexta jornada de huelga del profesorado: la famosa “neutralidad ideológica” tras la que oposición, sindicatos y ANPAs sólo ven el intento de la Xunta de evitar que en los centros se traten temas espinosos para el PP, como su criticada política lingüística, el genocidio de Palestina o la oposición al proyecto de macrocelulosa de Altri, al que el ejecutivo gallego acaba de dar carpetazo al menos hasta 2030. La Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento recordó que “no se puede ser neutral con los derechos humanos”.

Por primera vez, Educación exigía incluir todas las actividades “salvo casos excepcionales y motivados” en la programación xeral anual que se presenta a principio de curso, lo que partidos y sindicatos veían como una forma de facilitar el veto a cualquier iniciativa sobrevenida que no pasase el filtro de la Xunta. Los primeros avisos ya habían llegado: en Redondela (Pontevedra), la inspección educativa, “siguiendo instrucciones de la Dirección Territorial”, pidió explicaciones a los directores de centros que llevaban años participando en el festival Artelixo. Lo hizo porque ese año había mudado su nombre por el de AltriLixo. Por su parte, el sindicato STEG denunció presiones directas desde la Consellería para frenar una charla del secretario del embajador palestino en España en un instituto de Santiago, un episodio que acabó con el director del centro en urgencias con un ataque de ansiedad“.

“Nombramiento incomprensible”

“Este hombre no tiene conocimiento del mundo educativo, ni es docente, ni tiene experiencia en la gestión de nada relacionado con este ámbito”. Por eso, Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –primer sindicato entre los docentes gallegos, con el 46% de los delegados– considera “incomprensible” que se le ponga al frente de uno de los departamentos “más complicados”, con “muchísima” rotación de funcionariado provocada por la dificultad de gestionar un número tan elevado de centros, trabajadores, alumnado y familias.

Esa incomprensión por el fichaje ante el desconocimiento de la labor que le espera aumenta al conocer “sus antecedentes”, unos antecedentes que, como señala, no son nuevos en esa consellería.

En junio pasado, el sindicato pidió la dimisión del subdirector xeral de Inspección, Enrique Prado, por las ideas “puramente reaccionarias, ultraespañolistas, contrarias al marco autonómico” que expresaba en su blog. En esos textos, Prado definía al profesorado como “clase ociosa”, una idea que abrazaría el propio conselleiro Rodríguez. Según la CIG, en una visita a las obras de un instituto pontevedrés, insistió en varias ocasiones en que los docentes “trabajan poco”. Antes, en marzo de 2024, los socialistas habían denunciado que el homólogo de Freire en Pontevedra, el jefe territorial César Pérez Ares, había comparado al Gobierno de Pedro Sánchez –al que llamó “autócrata”– con el régimen nazi. Pérez, que participaba en la actividad como exdiputado, alegó que se había “tergiversado” su “discrepancia” con la Ley de Amnistía.