Caso Fénix: Condenan por lavado de dinero a Narizón, cliente del diputado electo José Miguel Villalobos
Tras un extenso juicio de más de un año, 10 imputados en el caso Fénix fueron condenados, la tarde de este martes, a condenas de entre 16 y 10 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero, en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, en San José.
Entre los condenados se encuentra José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, defendido por el diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, y quien deberá cumplir 16 años tras las rejas.
Este fue calificado por el Ministerio Público como el caso de lavado más grande en la historia de Costa Rica, por la magnitud de la organización asentada y la cantidad de dinero que manejaba por medio de una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
Uno de los principales bienes que obtuvieron fue la Hacienda Fénix, en Pérez Zeledón, por la cual se nombró el caso. El terreno de pastizales, con una casa incluida, se extendía por 235.904 metros cuadrados, y en el 2015 tenía un valor fiscal de casi ¢132 millones.
La pesquisa empezó en 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió una alerta sobre actividades financieras sospechosas en Pérez Zeledón.
En febrero del 2022, las autoridades ejecutaron 35 allanamientos que resultaron en la incautación de más de ¢5.155 millones en efectivo, ganado, caballos finos, vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias.
Narizón fue detenido dos meses después, el 12 de abril en Chiriquí, Panamá, y extraditado a Costa Rica en mayo de ese año.
La causa fue resuelta por los jueces Ana Yancie Umaña Moreira, Laura Hernández González y Mauricio Jiménez Vargas.
La sentencia fue leída en una sala con fuerte presencial policial alrededor de los imputados, incluyendo custodios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), oficiales de Fuerza Pública, funcionarios de seguridad del Poder Judicial e incluso policías municipales de Moravia y Alajuelita.
Tras conocer las condenas, algunos imputados y asistentes comenzaron a llorar y obligaron a la jueza Laura Hernández a interrumpir la lectura para darles tiempo para recomponerse.