El Ayuntamiento de Barcelona realojará en la Casa Orsola a diversos vecinos afectados por el conflicto de Vallcarca

El Ayuntamiento de Barcelona realojará a 14 vecinos afectados por la reforma urbanística del barrio de Vallcarca en diversos puntos de la ciudad de Barcelona. Seis personas irán a parar a la Casa Orsola, el edificio del Eixample que se ha convertido en símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda tras ser comprada por el Ayuntamiento para evitar la expulsión de sus habitantes.

Esta solución se da después de seis meses de mediación del Síndic de Greuges de Barcelona (Defensor del Pueblo) entre el consistorio y los vecinos, que llevan años ocupando dos fincas y una nave industrial de titularidad municipal. Estos terrenos están afectados por la reforma urbanística que hace años está aprobada en el barrio que derruirá estos inmuebles para edificar una Rambla Verde, equipamientos deportivos y de ocio, así como una promoción de viviendas. De esas, 500 serán alquileres sociales, pero todavía tardarán años en estar disponibles.

La mediación del síndic David Bondia -quien también medió en el caso de la Casa Orsola- ha dado una solución habitacional a 14 de las 30 personas que ocupan las fincas. De ellos, 28 tenían derecho a realojo en viviendas de inclusión, mientras que las otras dos eran personas que no estaban en situación de vulnerabilidad. Según ha asegurado Bondia, las personas que no serán realojadas es porque no han aceptado la propuesta de la Sindicatura.

Por su parte, desde la entidad Som Barri, han querido matizar que quienes no han aceptado lo han hecho porque las “ofertas no satisfacían sus realidades personales porque les obligaban a desmembrarse como familias y porque no tienen en cuenta el arrelamiento en el barrio y les obligan a desubicarse de su entorno”, tal como ha declarado a medios Esther Murillo, abogada de la entidad.

Es cierto que ninguna de las soluciones encontradas por el Síndic están en Vallcarca, algo que le “hubiera encantado”, según palabras de Bondia. “Pero no no hay disponibilidad” de pisos en la zona, asegura. “Hemos ofrecido todo lo que hemos encontrado. Estamos muy contentos porque empezamos sin tener nada y hemos conseguido 28 soluciones en esta ciudad que es Barcelona”, ha remachado el defensor del pueblo.

Los que no han aceptado son una familia de ocho personas: una pareja con dos hijos y sus correspondientes suegros; así como ua pareja con dos hijos y dos personas de edad avanzada. Bondia confía que los “puentes tendidos” puedan acabar dando solución a las personas que no han aceptado la propuesta. Igualmente, asegura que todas esas personas “siempre” han estado acompañadas por Servicios Sociales y entidades del barrio. “Nadie, y mucho menos los menores, se quedarán desamparados”, ha añadido.

Los seis que se mudarán a la Casa Orsola conforman una familia con cuatro hijos. También hay otra de cinco formada por una pareja, los abuelos y un menor que irá a Torre Baró, y una más de tres personas que van al Gòtic. El realojo será a cambio del pago de un alquiler social y el compromiso del Ayuntamiento de mantener el seguimiento de Servicios Sociales.

Un conflicto enquistado

Las fincas afectadas fueron expropiadas por el Ayuntamiento en 2015 y, desde entonces, se mantuvieron vacías. Diversas entidades del barrio, en vista de que el proyecto urbanístico no empezaba y que esas viviendas no estaban siendo usadas, decidieron abrir los pisos y ponerlos a disposición de familias vulnerables, sobre todo de aquellas que tuvieran niños pequeños o estuvieran formadas por personas mayores. La mayoría de ellos venían de procesos de desahucio y algunos, incluso, habían llegado a vivir en asentamientos de chabolas como el que fue desalojado por el Ayuntamiento el pasado mayo.

El conflicto en el barrio hace años que dura. Si bien el inicio del plan urbanístico data de la primera legislatura de Colau, el proyecto se quedó en un cajón que no se volvió a abrir hasta marzo de 2025, ya con Collboni al frente de la alcaldía. El nuevo Gobierno municipal se propuso recuperar los edificios afectados recurriendo al procedimiento administrativo.

Se trata de un proceso largo, pero se aceleró con un incendio que hubo una noche en las barracas y a raíz del cual, los Bomberos decretaron el espacio como infravivienda con “riesgo inminente”. Eso les dio la oportunidad de entrar y desalojar sin previo aviso.

En el caso de los dos edificios, el procedimiento siguió su curso habitual y, después de una inspección, fueron calificados también de infravivienda. Con esto, los expedientes quedaron cerrados y se pidió a los vecinos abandonar sus casas de manera voluntaria. Algunos lo hicieron, pero otros se negaron a irse. En julio, el Ayuntamiento programó un desalojo que no se llegó a llevar a cabo debido a la presión vecinal.