Una nueva jueza corrige seis años de investigación y archiva el caso de corrupción contra la número 3 de Ayuso

La jueza Marta Hernández Lafuente, última de los varios instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán, ha archivado la investigación contra la número 3 de Isabel Díaz Ayuso porque, a su entender, en seis años de investigación “no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía –antes de cambiar sorpresivamente de posición–, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos informes impulsaron la instrucción. Hernández Lafuente no solo archiva el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recuerda que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– pueden ejercer ahora “acciones civiles”.

El caso contra Millán surge del momento en el que el equipo de Gobierno de Ciudadanos, que relevó al PP en Arroyomolinos en 2015, encontró al personal de la Concejalía de Millán intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En una de ellas apareció la copia de un correo electrónico en el que se evidenciaba la relación de la concejala con el empresario Roselló, en aquel momento relacionado presuntamente con el caso Púnica. El nuevo equipo municipal denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y cuatro años después, en 2020, la Audiencia Nacional envió la causa a un juzgado de Navalcarnero.

La acusación contra Millán se inició a partir del descubrimiento de que Roselló le pagó el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de la entonces concejala con el argumento de los acusados de que incluía un derecho a compra que nunca ejerció.  Además, las empresas de Roselló contrataron a la hermana de Millán y a su marido. Este último, hostelero de la noche, ejerció de bedel en un colegio por medio de esos contratos. Millán, en la actualidad vicesecretaria de Organización del PP madrileño, estaba imputada desde 2022.

La Guardia Civil calculó que Ana Millán y sus familiares se habrían beneficiado en más de 200.000 euros a cambio de los contratos concedidos a Roselló. Las empresas de Roselló obtuvieron 257.083,56 euros cuando Millán era Concejala de Cultura, entre 2005 y 2008, y otros 395.192,71 de la Concejalía de Juventud, siendo su titular la aún imputada. En total, 652.276,27 euros. Los sucesores de Millán en los citados cargos no contrataron con Roselló, según destacaba la UCO. Millán estaba acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Marta Hernández Lafuente, concluye que de los datos obtenidos por la UCO no se pueden derivar “irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán, constando únicamente como indicio de irregularidad la declaración policial de Vanesa Sánchez Archidona, auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Belén Millán, quien refirió que la investigada habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal con Grupo Educativo [del empresario Roselló]”.

La magistrada concluye asimiso que el único indicio de corrupción existente en la contratación de la hermana y el marido de Millán por parte del empresario beneficiado por los contratos es “la relación familar o sentimental” de la investigada con ellos. “No existen inidicos de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran del hecho de que la investigada era concejal en ese momento”.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha visto desfilar a varios jueces desde que arrancó el caso en 2020. La anterior titular dedujo testimonio contra Millán recopilando los indicios contra ella y envió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a que Millán pasó a estar aforada tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de colocarla en un puesto de las listas electorales que garantizaban su elección como diputada autonómica y, por tanto, la condición de aforada.

Millán y el PP madrileño comenzaron a ver el caso de cara cuando el juez conservador Juan José Goyena, del TSJ, advirtió que no había indicios contra ella en una resolución en la que simplemente debía posicionarse sobre unas diligencias pendientes y acerca del hecho de que la jueza de Navalcarnero hubiera utilizado un auto de inhibición para enviarle el caso en lugar de una exposición razonada. Goyena es el juez que envió la causa contra el anterior fiscal general del Estado al Tribunal Supremo por una nota de prensa que luego el alto tribunal resolvió que no era delito.

La actual fiscal del caso, que antes apreciaba indicios contra Millán, resolvió a principios de este mes que compartía “los argumentos expuestos” por Goyena, en contra de la posición que durante seis años había mantenido el Ministerio Público. Ahora, la jueza Marta Hernández Lafuente se ahorra dictar una laboriosa exposición razonada contra Millán que enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y archiva la causa sin que se tome declaración a dos testigos clave para las acuasciones populares, uno de ellos el marido de Millán que durante años llevó a su casa más de 42.650 euros en efetivo, según ella, procedente de su trabajo en el mundo de la noche durante el periodo investigado.