Eventual indulto a uniformados del estallido abre debate sobre sus fundamentos y la señal institucional
El anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre evaluar indultos a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019 abrió un nuevo debate político y jurídico, con llamados desde el Congreso y la academia a revisar cada caso con fundamentos claros.
El Mandatario confirmó que su gobierno se encuentra revisando distintos casos de agentes del Estado condenados por hechos ocurridos durante las protestas iniciadas en octubre de 2019, señalando que podría utilizar la facultad constitucional del indulto presidencial.
“Estamos en eso. Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, afirmó Kast en entrevista con Teletrece.
Presidente José Antonio Kast. Foto: Aton.
En esa línea, el Jefe de Estado sostuvo que, si bien las decisiones judiciales deben respetarse, el Presidente de la República cuenta con una atribución constitucional para revisar situaciones que considere injustas.
El anuncio reabrió una discusión que ya generó controversia en diciembre de 2022, cuando el entonces Presidente Gabriel Boric concedió 13 indultos presidenciales, de los cuales 12 beneficiaron a personas condenadas por delitos vinculados al estallido social.
La decisión provocó un intenso debate político y derivó en la renuncia de la titular de Justicia en ese momento, Marcela Ríos, además de recursos ante el Tribunal Constitucional que finalmente validó los indultos.
Revisión con prudencia
Frente al nuevo escenario, el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución, llamó a abordar el debate con cautela y evitando simplificaciones políticas.
“En Chile tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de personas privadas de libertad y de eventuales indultos. Nuestro país tiene un Estado de Derecho y son los tribunales de justicia los que determinan las responsabilidades penales”, señaló.
Valparaíso, 23 de septiembre de 2024 El senador Pedro Araya durante la comisión de Defensa Nacional y de Seguridad Publica, unidas Sebastián Cisternas/ Aton Chile.
El parlamentario agregó que la discusión no debería transformarse en una disputa ideológica y que cada situación debe analizarse considerando todos los antecedentes judiciales.
“Cada caso debe analizarse con seriedad, con todos los antecedentes judiciales sobre la mesa y siempre pensando en la protección de las víctimas, en la seguridad pública y en el respeto irrestricto a los derechos humanos”, afirmó.
Araya también advirtió que este tipo de debates requiere responsabilidad institucional para evitar tensiones entre los distintos poderes del Estado. “Estos temas requieren de un análisis riguroso y no frases que puedan terminar polarizando aún más al país”, afirmó.
Una señal institucional de impunidad
Desde el ámbito académico, la profesora de derecho penal de la Facultad de Derecho y exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, advirtió que el eventual otorgamiento de indultos a agentes del Estado condenados por delitos cometidos durante el estallido social podría transmitir una señal negativa en materia de derechos humanos.
Myrna Villegas.
A su juicio, si el Presidente decide concederlos argumentando que los uniformados “cumplieron con su deber”, se estaría contradiciendo lo resuelto por los tribunales de justicia tras investigaciones y juicios públicos: “El mensaje que se ofrece es peligroso, porque da una señal de impunidad”.
La académica explicó que, si bien la facultad de indulto es constitucional y puede aplicarse incluso reconociendo la existencia de un delito, cuando se ejerce de manera excepcional debe contar con una fundamentación sólida.
En ese sentido, advirtió que justificarlo bajo la idea de que los condenados “defendían a la patria” puede abrir interpretaciones problemáticas y eventualmente comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile, especialmente en casos vinculados a violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el abogado y profesor de la Universidad Diego Portales Cristián Riego planteó que la discusión debe centrarse en los delitos específicos por los cuales fueron condenadas las personas, más que en interpretaciones políticas sobre su actuar.
El abogado y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego. Foto: Universidad Diego Portales.
Riego añadió que, si el Ejecutivo decide avanzar en indultos, deberá justificar cada caso con argumentos claros: “Si el Presidente quiere indultar a algunos de ellos va a tener que construir un discurso específico. ¿Por qué en este caso esta persona merecería ese indulto?”.
El académico también señaló ser “partidario de los indultos, pero esa facultad debe ejercerse de manera específica, con fundamentos precisos y sometida a la crítica política de la ciudadanía”, afirmó.
Por ahora, el Gobierno continúa revisando antecedentes de distintos casos vinculados al estallido social, mientras el debate sobre el uso de esta atribución presidencial vuelve a instalarse en el centro de la discusión política.