Por qué no conviene subestimar a Vox en Castilla y León

Los resultados de Vox en las elecciones de Castilla y León han sido interpretados en parte del debate público como un crecimiento menor del esperado. Sin embargo, esa lectura puede resultar engañosa. En realidad, los datos apuntan a otra conclusión: la formación de Santiago Abascal ha consolidado una base electoral estable, una implantación territorial amplia y una estrategia política eficaz para convertir votos en poder político. 

Vox ha obtenido cerca del 19% del voto y ha sumado 19.089 sufragios más que en la cita electoral de 2022. Pero el dato más relevante no es solo el incremento de votos, sino su distribución territorial y su traducción en representación institucional.

El partido ha logrado representación en todas las provincias de Castilla y León y se mueve en una franja de apoyo que oscila aproximadamente entre el 15% y algo más del 20% del voto —superando ese umbral en provincias como Palencia y Valladolid—. En un sistema electoral provincial como el español, ese porcentaje resulta especialmente relevante porque permite consolidar presencia institucional, maximizar la conversión de votos en escaños y, en última instancia, resultar decisivo en futuros comicios generales.

Los resultados adquieren aún más relevancia si se observa el equilibrio parlamentario: el bloque formado por PP y Vox suma alrededor del 54%, uno de los más escorados a la derecha del mapa autonómico. Solo Extremadura presenta un bloque conservador aún más amplio, cercano al 60%.

El mapa del voto también ofrece algunas claves. Vox obtiene sus mejores resultados en provincias y municipios de carácter más rural o semiurbano, donde determinados discursos sobre identidad nacional, seguridad o crítica a políticas europeas encuentran mayor resonancia. Al mismo tiempo, el resultado revela algunas tensiones dentro de su propio espacio político. La candidatura impulsada por el agitador digital Alvise Pérez ha logrado 17.351 votos. No logró representación, pero sí captó parte de un electorado joven muy activo en redes sociales que, en otros contextos, podría haber apoyado a Vox. En provincias con circunscripciones relativamente grandes, como Valladolid, León o Burgos, esa fragmentación del voto podría incluso haber tenido impacto en la disputa por los últimos escaños.

Más allá de estos factores sociológicos, la formación de Abascal ha conseguido cumplir tres objetivos estratégicos. El primero era crecer electoralmente, aunque fuera de forma moderada. El segundo consistía en reforzar su implantación territorial: Vox tiene ahora representación en todas las provincias y mantiene porcentajes relativamente homogéneos en todo el territorio. El tercer objetivo es quizá el más importante: mantener su capacidad de condicionar la gobernabilidad.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco necesita el apoyo de Vox para gobernar, lo que sitúa a la formación de Abascal en una posición negociadora relevante. La influencia de la extrema derecha no depende necesariamente de grandes victorias electorales. A menudo basta con ser imprescindible.

Estas negociaciones, además, no deben interpretarse únicamente en clave autonómica. Los pactos que se negocian en Extremadura y Aragón tienen también una dimensión política y estratégica más amplia.

En el plano político, estos acuerdos contribuyen a perfilar la relación del PP con la extrema derecha. Cada pacto fija precedentes tanto sobre el modelo de negociación —si será tutelado desde Génova o dejará margen a los liderazgos autonómicos— como sobre las líneas programáticas que los populares están dispuestos a traspasar para garantizar la gobernabilidad.

Ese debate ya ha empezado a hacerse visible. El decálogo presentado por Alberto Núñez Feijóo hace apenas un par de semanas —que incluía compromisos básicos como el respeto a la Constitución— irritó profundamente a Santiago Abascal. Sin embargo, la evolución reciente de los acuerdos entre PP y Vox demuestra que esos límites se vuelven cada vez más difusos. El ejemplo más claro es el pacto alcanzado en la Comunitat Valenciana, donde se han abierto la puerta a propuestas que hace pocos años habrían resultado impensables, desde la elaboración de estadísticas diferenciadas en materia migratoria hasta el rechazo frontal al Pacto Verde europeo.

Pero existe también una dimensión estratégica que afecta al corto y al medio plazo. Lo que se negocie ahora puede influir en futuros escenarios electorales, especialmente en Andalucía y en las generales previstas para 2027.

En el caso andaluz, el presidente Moreno Bonilla ha construido su liderazgo sobre una estrategia de centralidad política, una retórica menos confrontativa y una imagen de moderación institucional. La evolución de los pactos entre PP y Vox en otras comunidades podría tensionar ese equilibrio si se consolidan acuerdos que incluyan políticas más radicales.

Al mismo tiempo, para Vox resulta estratégicamente útil mantener un perfil ideológico nítido y diferenciado como la fuerza hegemónica de la derecha más radical española. En ese contexto, los acuerdos de gobierno pueden servir tanto para demostrar capacidad de influencia como para reforzar su identidad política frente a un PP que, en cuestiones como la inmigración, el aborto, el feminismo, la violencia de género o las políticas climáticas, puede aparecer más ambiguo o dividido.

Subestimar estos resultados puede conducir a interpretaciones equivocadas. La extrema derecha no siempre avanza mediante grandes irrupciones electorales. La historia política reciente lo demuestra: desde los años ochenta ha participado en más de setenta gobiernos en Europa, tres de ellos en solitario. Con frecuencia lo hace de forma más gradual: consolidando apoyos, ampliando su implantación territorial y convirtiéndose en un actor imprescindible para gobernar. Castilla y León es un buen ejemplo de esa lógica política que ya se observa en varios países europeos.