La manipulación de la verdad como forma de gobernar

Circunstancias históricas como las que atravesamos —tanto en el ámbito de lo que sucede en el exterior como en lo que vivimos en nuestro propio país— ponen de relieve la importancia que tiene la verdad como medio para la conducción del destino de la humanidad.

Si bien puede ser legítimo que, en determinadas coyunturas, las políticas públicas exageren o atenúen ciertos aspectos de la realidad con el propósito de servir a un fin común y de interés público, resulta incuestionablemente inadmisible la manipulación deliberada de la realidad cuando el objetivo es dar cauce a los propósitos de una tiranía.

En todo régimen democrático moderno, la verdad se erige como un pilar fundamental al que se vinculan la paz social y el desarrollo. Las contrariedades de la verdad constituyen caminos que destruyen la democracia. Las dictaduras encuentran sustento precisamente en la manipulación y el ocultamiento de la realidad, así como en la construcción de narrativas que dibujan verdades históricas efímeras y acomodaticias, la mayoría de las veces irreales.

Un problema grave que enfrenta la democracia tiene que ver con la comprensión de los alcances que deben darse al concepto de “verdad”. ¿Qué puede decirse que es verdad y qué no lo representa?

México goza de un gobierno democrático, porque así lo contempla la Constitución. Los mexicanos, por nuestra parte, gozamos de derechos humanos reconocidos y de garantías que otorga la misma Carta Magna, a través de los cuales el gobierno se obliga a respetar el derecho a la información.

El artículo 6 de nuestra Ley Fundamental establece con toda nitidez que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

En la Constitución no se garantiza el derecho a la “verdad”, porque esta siempre es relativa; sin embargo, la ley que reglamenta el artículo 6º constitucional sí garantiza el derecho de réplica en aquellos casos en que la información difundida sea falsa o inexacta, a efecto de que quien resienta sus efectos pueda aclararlos y, en su caso, exigir una indemnización por los daños sufridos. La pregunta inevitable es qué sucedería si la divulgación de hechos falsos afectara no solo a una persona, sino a la sociedad misma.

En el plano literario, uno de los retratos más contundentes de esta problemática se encuentra en la novela 1984 de George Orwell. En la obra, el poder político controla la realidad mediante la manipulación sistemática del lenguaje y de la información. El llamado “Ministerio de la Verdad” tiene como función reescribir permanentemente los hechos para adaptarlos a la narrativa oficial del régimen.

El resultado es una sociedad en la que la verdad deja de ser verificable y la mentira se convierte en práctica cotidiana del gobierno. La célebre consigna del partido —“la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”— ilustra la inversión deliberada del sentido de las palabras como mecanismo de dominación política.

La Constitución contempla al juicio de amparo como la vía adecuada para compensar los efectos perniciosos que resiente la sociedad cuando las autoridades expiden o ejecutan actos violatorios de garantías constitucionales, como lo sería el derecho a la información. Sin embargo, el ejercicio de esta acción se reserva a favor de quien resiente directamente la afectación, pero nunca de manera abstracta en beneficio de cualquiera que pudiera suponer que tal afectación se ha desencadenado.

A lo largo de los últimos años hemos sido presa de una manipulación cotidiana de la realidad con fines políticos adversos para nuestra democracia. Desde verdades absurdas —como aquella según la cual nuestro sistema de salud era incluso superior al de Dinamarca—, o afirmaciones maliciosas —como que la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles representaría un gran ahorro para el país—, hasta narrativas tendenciosas —como la que sostiene que México fue saqueado por el reino de España durante el virreinato—, o incluso verdades peligrosas como cuando en plena pandemia se aseguró que el cubrebocas no servía y no era necesario utilizarlo.

Existiendo un mecanismo judicial ideado para restituir a todo gobernado en el ejercicio pleno de sus derechos y garantías constitucionales, como lo es el juicio de amparo, no existe, sin embargo, una disposición normativa que sancione el desvío de poder y el ejercicio malintencionado de la facultad de informar cuando ésta se utiliza con propósitos tiránicos, encaminados a debilitar las bases mismas de nuestra democracia.

La semana pasada culminó finalmente el proceso de reformas constitucionales mediante el cual Morena expresó su intención de modificar diversas disposiciones que, a lo largo de las últimas décadas, se han consolidado para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema electoral. Sin embargo, partidos aliados como el PT y el Verde no concurrieron al intento de debilitar al INE ni a propuestas como la reducción de los representantes de representación proporcional o el financiamiento de los partidos políticos.

Ya se anuncia ahora el arranque del llamado Plan B, mediante el cual se impulsarán reformas legislativas que requieren mayorías parlamentarias que el partido en el poder sí podría alcanzar, con lo cual se afectaría significativamente la marcha de nuestra democracia y la pluralidad partidista en el espectro político nacional.

En el fondo, tanto uno como otro plan emergen por medio de la manipulación de la verdad, se consolidan a través de la desinformación y prosperan gracias a la ignorancia de la sociedad, siempre a manos de quienes tienen la responsabilidad constitucional de salvaguardar el derecho a la divulgación oportuna y plural de la información que nutre el conocimiento de los votantes.

La pregunta que inevitablemente surge ante lo que acontece en México y en el mundo ya no solo tiene que ver con la evidente ineficacia del juicio de amparo como mecanismo para evitar los efectos de esta hazaña política en gestación, sino con el grave vacío legal que aqueja a nuestro sistema jurídico.

Hoy no existe en México una sanción clara para los servidores públicos que desinforman deliberadamente a la población con el propósito de alterar la vida democrática. Y mientras esa impunidad prevalezca, la manipulación de la verdad seguirá siendo uno de los instrumentos más eficaces para gobernar.