Plan de rutas provisionales y seguras del MTC serían insuficientes para enfrentar la extorsión en el sector

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó el último fin de semana los lineamientos técnicos para la elaboración, desarrollo y ejecución del Plan de Rutas Provisionales y Seguras, que contempla la modificación temporal del trayecto de las unidades cuando exista amenaza hacia choferes, cobradores y pasajeros, así como la implementación de estándares de seguridad en determinadas zonas.

La iniciativa fue aprobada mediante la Resolución Directoral N.º 0009-2026-MTC/18, que establece los lineamientos para la elaboración del Plan de Rutas Provisionales, y la Resolución Directoral N.º 0010-2026-MTC/18, que fija los procedimientos y requisitos para evaluar y certificar vías protegidas en el transporte urbano. El objetivo, según la entidad, es evitar la paralización del servicio y salvaguardar a los trabajadores y usuarios del sector frente a amenazas como extorsiones o ataques armados.

Sin embargo, exautoridades advierten que el rediseño temporal de recorridos podría no ser efectivo para enfrentar la criminalidad, que entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 dejó en el rubro 93 fallecidos y 76 heridos por actos de extorsión en Lima Metropolitana y Callao.

“Mover rutas no resuelve la inseguridad”

El exdirector de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Omar Revolledo, considera que modificar recorridos en ciudades complejas como Lima y Callao podría generar más problemas que soluciones si no se realiza un análisis profundo del impacto. Según explicó, las rutas actuales forman parte de un sistema previamente planificado para garantizar el traslado de la población, por lo que cualquier modificación debería sustentarse en criterios técnicos amplios.

“Movilizarla implica un estudio porque hace poco hubo un plan regulador que ha determinado qué zonas deben ser atendidas. Si se retira un trayecto de un sector, la pregunta es quién va a trasladar a los habitantes de esa zona”, señaló.

El exfuncionario cuestionó que el plan contemple una vigencia inicial de un mes, un plazo que —a su juicio— resultaría insuficiente para justificar cambios operativos de gran escala. “¿Se va a hacer todo un estudio entre el MTC, la ATU, la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gobiernos locales para que la medida dure solo 30 días? Me parece irresponsable trasladar un problema de seguridad ciudadana al planeamiento del transporte”, afirmó.

Además, advirtió que retirar recorridos de determinadas zonas podría provocar un aumento de la informalidad, ya que otros operadores buscarían cubrir la demanda de movilidad que quede desatendida.

Una visión similar expresó el exdirector de la PNP y exjefe de Tránsito, general Eduardo Rocha, quien consideró que el rediseño de vías sería imposible de aplicar en la práctica. En Lima y Callao operan más de 450 trayectos autorizados de transporte público, según datos de la ATU, que representan el 97% de las 465 establecidas.

Según explicó, cerca de 18.000 vehículos tienen una ruta en la capital conocida por los ciudadanos, quienes saben dónde tomarlo para movilizarse. En ese sentido, refirió que al haber una modificación tendría que haber una comunicación inmediata para no ocasionar trastornos a los ciudadanos.

“Cualquier persona que viva, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, y de repente le modifiquen las esquinas donde solía tomar las unidades, tendrá que recurrir a vehículos de transporte privado, como un taxi, o, en su defecto, caminar. Veo que aquí no hay planes de Gobierno. A eso hay que sumarle un promedio de 100 líneas informales o ilegales”, sostuvo.

Trasladar el problema

Revolledo también cuestionó que el cambio de rutas no necesariamente eliminaría la extorsión, sino que podría desplazarla hacia otras calles. “Si a ti te venden pan en un sitio y lo cambian dos cuadras más allá, vas a ir donde está el pan. Con la delincuencia ocurre lo mismo: los extorsionadores podrían trasladarse hacia las nuevas áreas”, explicó.

Asimismo, indicó que desviar unidades hacia vías que no están preparadas para soportar un mayor flujo vehicular podría generar riesgos adicionales, tanto en materia de seguridad ciudadana como vial. Para el especialista, la lucha contra la extorsión debería concentrarse en acciones de defensa pública, como la desarticulación de bandas criminales, el fortalecimiento de la inteligencia policial y el endurecimiento de sanciones contra las organizaciones delictivas.

Falta de capacidad operativa

Según las resoluciones, tras reconocer y delimitar las zonas de riesgo mediante el análisis de mapas del delito georreferenciados, reportes de inteligencia y sistemas de alerta del sector transporte, la PNP remitirá esta información semanalmente al MTC, que elaborará un informe técnico para determinar las áreas críticas y definir tanto las intervenciones como los cambios temporales en los recorridos.

Rocha señaló que la autoridad policial tiene asignada por turno a 1.500 policías para la dirección de tránsito y seguridad vial en toda Lima Metropolitana, cifra que consideró insuficiente para sostener el control territorial que implica el plan. Desde su perspectiva, el Gobierno debería destinar para esta labor de apoyo al personal militar, como al Ejército, Marina y Aviación.

“Es algo que no podrá cumplir, salvo el caso de que se designe personal de las unidades de equipos especiales; es decir, de control de disturbios, de la división de operaciones especiales, pero no hay ese plan. ¿De tu casa a tu centro de trabajo ves que existan patrulleros, camionetas rondando en puntos críticos? No, y los militares apoyan solo en el Estado de Emergencia, pero en la realidad en ningún lugar lo vas a ver”, lamentó.

El exdirector de la PNP indicó que en los puntos críticos de los mapas del delito debería haber personal policial para intervenir inmediatamente ante cualquier incidencia, pero ello no existe. Además, recalcó que el 75% del trabajo policial debe ser de prevención (actividades como patrullaje a pie, en moto, vehículos, camionetas) y que el Gobierno prioriza la investigación criminal, cuando ya se han consumado los delitos.

Para ambos especialistas, enfrentar la extorsión en el sector requiere una estrategia más amplia que el rediseño temporal de recorridos, que incluya mayor control territorial, inteligencia policial y acciones coordinadas para desarticular a las organizaciones criminales.

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