Países Bajos e Islandia se suman a la demanda por genocidio contra Israel
LA HAYA, marzo 16.— Países Bajos e Islandia se han sumado a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de genocidio en Gaza. El pasado miércoles, ambos países presentaron declaraciones en virtud del artículo 63 del Estatuto de la CIJ, que permite a los Estados parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio intervenir en casos relacionados con la interpretación de dicha convención.
La demanda fue presentada en 2023 por Sudáfrica, que citó numerosos casos de líderes israelíes que utilizaron retórica genocida en medio de una ola de ataques contra civiles en la Franja de Gaza.
Desde octubre de 2023, las estimaciones oficiales del Ministerio de Salud de Gaza indican que más de 72 000 personas han muerto, si bien investigaciones independientes sitúan la cifra de fallecidos en un nivel mucho mayor.
Varias organizaciones humanitarias independientes, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la organización israelí B’Tselem, han coincidido con las partes intervinientes en que la conducta de Israel constituye un genocidio.
El artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define el genocidio como los actos «cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso».
Entre estos actos se incluyen el asesinato, infligir graves daños físicos o mentales, la imposición deliberada de condiciones de vida para provocar su destrucción, la imposición de medidas para impedir la natalidad o el traslado forzoso de los niños a otros grupos.
En su escrito presentado ante la CIJ, los Países Bajos —sede de la CIJ en su ciudad La Haya— argumentaron que el desplazamiento forzoso de más de un millón de civiles por parte de Israel, el asesinato de más de 20 000 niños, según estimaciones oficiales, y el bloqueo de la ayuda humanitaria para utilizar el hambre como arma de guerra, son actos que, junto con las declaraciones de funcionarios israelíes, implican una intención genocida.
Los Países Bajos instaron a los jueces de la Corte a «tener en cuenta el hambre o la retención deliberada de ayuda humanitaria para establecer una intención específica, en particular cuando esto ocurre sobre la base de un plan concertado y un patrón de conducta coherente».
Islandia, en particular, hizo hincapié en la conducta de Israel hacia los niños de Gaza, afirmando que «los ataques contra niños, incluidos los asesinatos y las lesiones físicas o mentales graves, requieren un escrutinio especial, ya que son particularmente indicativos de la intención de destruir a este grupo».
La participación de estas dos naciones europeas elevó a 18 el número total de países involucrados en el proceso, entre ellos Bélgica, Brasil, Belice, Colombia, Irlanda, México, España y Turquía.
Mientras tanto, Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha suspendido la ayuda exterior a Sudáfrica por su papel en la presentación de la demanda contra Israel, país que recibe miles de millones de dólares en asistencia militar estadounidense anualmente.
La intervención de Islandia en el caso de genocidio marca su primera participación en un proceso sustantivo ante la CIJ, según el medio de comunicación islandés RÚV.
«Con la participación de Islandia en el caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, alzamos nuestra voz en apoyo del Derecho Internacional y los derechos humanos», declaró su ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. «Y podemos sentirnos orgullosos de ello».
Si bien sus decisiones son jurídicamente vinculantes y podrían obligar a Israel a cesar las violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la CIJ no es un tribunal penal.
Sin embargo, tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el exministro de Defensa, Yoav Gallant, han sido objeto de órdenes de arresto en el marco de procesos separados por crímenes de guerra iniciados por la Corte Penal Internacional (CPI), las cuales hasta el momento no se han ejecutado.