Preguntas por resolver en el caso de Les Naus en Alicante

Desde que el pasado 29 de enero, INFORMACIÓN destapara el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, la polémica ha ido ofreciendo nuevos capítulos. A los primeros nombres vinculados con el polémico residencial (la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; la todavía jefa de Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal Francisco Nieto) se sumaron después el del que fuera jefe de Gabinete de la vicealcaldesa de Alicante y de la Consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; el de otra arquitecta del Consistorio alicantino, casada con el funcionario de Vivienda encargado de validar la documentación y ahora suspendido, Elsa Lloret; el de la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, que fue temporalmente empleada de la Generalitat, Sira Pérez; o el del hijo de una concejala del PP de San Vicente, Alejandro Lillo. Junto a ellos, más de una treintena de residentes emparentados con algunos de sus vecinos, los hijos del notario que firmó la promoción, jóvenes de 18 años que debieron apuntarse a la cooperativa cuando apenas eran unos adolescentes... Al margen de los nombres, también han surgido nuevas dudas sobre el «cómo» pudieron acceder algunos de estos perfiles, que podrían superar los ingresos máximos que marca la normativa. En este sentido, se pusieron sobre la mesa «estrategias» como posibles falsos divorcios; la presentación de los ingresos de un único miembro de la pareja pese a que la normativa computa a ambos integrantes incluso si no están casados; o el caso de empresarios que, pese a que sus compañías obtienen beneficios muy superiores al máximo estipulado para acceder a una Vivienda de Protección Pública (VPP) cuentan con un sueldo alejado de su nivel de vida. Todo ello no ha hecho más que acrecentar la indignación ciudadana en Alicante y mucho más allá de los límites de la ciudad, trasladando la polémica al terreno nacional y situándola en boca de los líderes políticos estatales. A las puertas de las comisiones de investigación en las Cortes (ya constituida) y en el Ayuntamiento (aún pendiente de formalizarse), el escándalo de Les Naus sigue sumando interrogantes, que deberán dirigirse a las distintas administraciones y entidades involucradas.