Parón al hotel cápsula sobre un edificio histórico de Lavapiés: la Comunidad de Madrid estudia dar la máxima protección

Los antiguos edificios de la calle Cabestreros que el PSOE intentó defender en los tribunales a principios de año se salvan, de momento. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid está estudiando su valor patrimonial después de ordenar al Ayuntamiento que comunicara la detención de la obra a la empresa responsable, según información a la que ha tenido acceso este periódico.

El proyecto turístico sobre los números 1 y 3 de Cabestreros, una vía situada en el corazón de Lavapiés, salió a la luz pública a finales de año. Fue entonces cuando se supo que la empresa propietaria tenía intención de levantar allí un hostal con 260 habitaciones tipo cápsula. Para hacerlo, antes tenía planificado echar abajo los dos edificios antiguos, de los que no quedaría ningún resto.

Aunque los planes se conocieron en plenas navidades, numerosas asociaciones y particulares alertaron de la pérdida para el patrimonio de Madrid que podría suponer el derribo de las dos casas. Una de ellas era muy conocida en la zona por haber alojado en su día el Baobab, un popular restaurante senegalés. Su cierre coincidió con el inicio de los trámites para un proyecto urbanístico que fue aprobado primero en 2020 y luego en 2025, modificado, cumpliendo todos los trámites sin tener en cuenta el posible valor de los inmuebles, que no estaban catalogados.

Pero el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid escuchó la alarma patrimonial y solicitó de urgencia al área de Urbanismo que valorara su protección el 9 de enero, luego acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos. Para entonces, la empresa encargada de la demolición ya se estaba preparando y los acontecimientos se precipitaron: el consistorio se dirigió a la Comunidad de Madrid después de recibir el escrito del PSOE y la Consejería de Cultura ordenó, unos días después, detener la obra. El Ayuntamiento se lo comunicó a la empresa. Pero algo falló.

La mañana del día 14 de enero los obreros empezaron a desmontar el tejado de Cabestreros 1, pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había reclamado la paralización el día anterior. Los vecinos alertaron de lo que estaba sucediendo desde casi el amanecer, mientras algunos veían una estrategia de los inversores para conseguir el derribo por otras vías: “Se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para adelante”, lamentaba un vecino entonces.

Finalmente, el Ayuntamiento notificó la suspensión in situ, ante la mirada del concejal Antonio Giraldo, quien se implicó personalmente en salvar el edificio, acudiendo varias veces al lugar y también a la Fiscalía. Hoy, en conversación con este periódico, recuerda cómo empezó todo: “Se pusieron en contacto conmigo arquitectos, expertos en patrimonio, la gente de MCyP... y empezamos a indagar, a buscar documentación, porque desde hace mucho pensábamos que el edificio tenía valores suficientes para no liquidarlo diciendo que no estaba en el catálogo”.

Giraldo cree que su existencia puede datar al menos desde 1656, porque aparece en el plano de Pedro de Teixeira, fechado ese año y que recoge minuciosamente numerosas construcciones del Madrid antiguo. Ahora la Comunidad de Madrid indicó —en el requerimiento para detener la obra— que los dos edificios podrían corresponderse con casas señoriales del Siglo XVII y que, en ese caso, serían consideradas Bien de Interés Patrimonial.

“Nos da tranquilidad que la Comunidad de Madrid vaya a encargar un estudio en profundidad, es la guardiana de estos bienes y hay buenos técnicos trabajando allí”, apunta el edil de la oposición. Sobre el resultado final de este proceso, advierte de las posibilidades: “A lo mejor no es una protección al máximo, pero tal vez puedan forzar la modificación del proyecto para mantener cierta parte del volumen del inmueble y hacer un recrecido... Tienen un abanico de posibilidades entre la demolición total y el mantenimiento íntegro, ya se verá”.

Apunta Giraldo que, no obstante, el Ayuntamiento “podría directamente incorporarlo en el catálogo, sin ningún problema, pero ha decidido pasarle la pelota a la Comunidad”. Y recuerda que “estos días estamos hablando de lo que pasó con las Cocheras de Cuatro Caminos, que se echaron abajo con una licencia concedida a toda prisa, sin sentencia firme del Tribunal Supremo, donde había mucha gente advirtiendo de sus valores patrimoniales, y se acabó demoliendo”.

El concejal del PSOE valora otras actuaciones que sí que ponen en valor el patrimonio industrial, como la construcción de unas viviendas en Carabanchel con la pervivencia de parte de la estructura de la fábrica que había allí antes, un proyecto que el propio Ayuntamiento presentó hace unos días. “Parece que el patrimonio solo interesa cuando es rentable económicamente”, se queja Giraldo. Y deja esta reflexión: “Al final la crítica aquí es que siempre tiene que estar la sociedad civil o los grupos políticos vigilando todo para que, en algún caso, los que gobiernan reaccionen y se den por aludidos. Demoler debería ser algo excepcional, como marca la ley”.