El costo energético del absolutismo "odebrechero", por René Gastelumendi
La parálisis energética que empieza a terminar, pero que puso en jaque al Perú no fue mala suerte, no fue un hecho fortuito; es el desenlace de una cadena de decisiones donde el pragmatismo técnico fue arrollado por la vil urgencia del cálculo político. La rotura del ducto de TGP nos sacó del marasmo y nos recordó amargamente que el sistema energético nacional tiene una vulnerabilidad crítica. Se desnudaron las consecuencias de haber permitido que el Gasoducto Sur Peruano (GSP) se convirtiera en un cementerio de acero abandonado. Lo que hoy vivimos, entre el hambre y la angustia de una economía encarecida, es la lección de que una lucha contra la corrupción librada desde el absolutismo puede ser tan o más ruinosa para el ciudadano como el soborno mismo.
Para entender este desastre de Estado, hay que retroceder a enero de 2017, cuando se resolvió el contrato con el consorcio liderado por Odebrecht. En ese momento, el país quedó atrapado en un populismo de la moral que despreció cualquier punto medio. El Acuerdo de Colaboración Eficaz, que debió ser la herramienta para una transición ordenada, se convirtió en el blanco de una guerra política sin cuartel. Desde una derecha que exigía la expulsión sumaria de la empresa sin un plan de contingencia, hasta una izquierda parlamentaria que saboteaba cualquier salida financiera por un evidente cálculo de desgaste, el mensaje fue uno solo: "nada con los corruptos", aunque eso significara dinamitar la seguridad energética del país.
En este escenario, las propuestas de salidas viables —como permitir que un operador internacional limpio comprara las acciones para que el proyecto siguiera mientras el dinero iba a un fideicomiso de reparación civil— fueron acribilladas por el fuego cruzado. En el Perú, el pragmatismo suele ser confundido con complicidad, siempre está bajo sospecha. Pero hoy queda claro que esa supuesta "tibieza" era realismo elemental: se trataba de que el corrupto se fuera, brinde información y se sancionara, pero también y en la misma o mayor prioridad, por todo lo que estaba en juego, que el tubo de respaldo del gas se terminara. Al final, por no querer "validar" una salida que permitiera la continuidad, preferimos el colapso de la obra. Ahora lo hemos sentido el golpe, en el plexo de nuestra economía y sostenibilidad.
Este desastre fue alimentado por la 'gobernanza del miedo'. El llamado 'síndrome del lapicero' paralizó a los técnicos: el temor de un funcionario a ser procesado, inhabilitado de por vida o incluso vacado por el Congreso ante cualquier sospecha calculada de "favorecimiento", fue mayor que la preocupación por la soberanía y el desarrollo nacional. En un sistema que termina premiando la inacción "moral", nadie quiso firmar la culminación del Gasoducto. Los responsables prefirieron el aplauso de la tribuna de turno mientras la infraestructura se quedaba inerte, acumulando maleza en los campos de acopio del Cusco.
La ironía de este marzo de 2026 es que esa "pureza" nos está saliendo más cara que la propia corrupción. Aunque no estamos a oscuras gracias a nuestra energía hidroeléctrica, esta no alcanza para cubrir la demanda total de las industrias y ciudades. Para evitar un racionamiento eléctrico masivo, el país se ve forzado a quemar diésel —un combustible cinco veces más costoso que el gas—, podría estar perdiendo cerca de US$200 millones diarios. Si el proyecto de Odebrecht no hubiera sido sacrificado por el absolutismo político, hoy el gas llegaría por el "segundo tubo". No necesitaríamos tocar el diésel ni rezar para que las lagunas estén llenas, ni para que no se malogre uno de los ductos; tendríamos hoy seguridad energética plena. Pilar del desarrollo.
Si comparamos cifras, el panorama es desolador: la reparación civil total acordada con Odebrecht fue de unos S/610 millones, pero el Estado ya ha enterrado cerca de S/1.500 millones solo en custodiar y mantener esos tubos oxidados desde 2017. Hemos gastado más del doble de la reparación civil solo en vigilar una obra muerta que hoy debería ser nuestra redundancia y salvación. Pagamos cerca de S/167 millones anuales para que personal de seguridad cuide chatarra en la selva y la sierra cusqueña, simplemente para no perder los arbitrajes en el CIADI por falta de cuidado de los activos como el que ya perdimos con Enagás.
El absolutismo político que pregonan varios de los ahora candidatos, nos ha dejado muy vulnerables. Castigar al delincuente es un imperativo ético irrenunciable, pero sacrificar la viabilidad de una nación por incapacidad de gestión es una traición al ciudadano. Pareciera que, en el afán de castigar al capitán por ladrón, permitimos que el barco quedara a la deriva, forzado a usar sus costosos motores de emergencia mientras el gas que necesitamos sigue atrapado en el subsuelo por falta de un segundo tubo. La honestidad para la tribuna, y sin pragmatismo, nos está reventando en la cara y en el tanque. Como decimos los de a pie: “no es dable” que un país con las reservas de Camisea esté quemando diésel importado por miedo a firmar un contrato.