Respuestas institucionales: de mal en peor
Con desazón percibo que la Ley 167 Del sistema de atención a quejas y planteamientos de las personas, vigente en la República desde el 13 de marzo de 2025, ha sido irrespetada aquí por no pocas instituciones y entidades estatales y gubernamentales, ante los reclamos ciudadanos publicados en esta columna durante el segundo semestre de 2025.
De mal en peor vamos cuando apenas el 36 por ciento de los planteamientos vertidos aquí en ese período recibieron respuestas. Si lo comparamos con etapas similares de años anteriores, podemos concluir que andamos en picada. Y para colmo, una parte considerable de las respuestas recibidas llegaron a destiempo, violando el nuevo plazo establecido por la 167 de 30 días hábiles.
Es lamentable, además, cuando Cuba enfrenta momentos muy duros y carenciales; para que esas entidades elusivas, ciegas y sordas señaladas aquí, no asuman con respeto y elevada sensibilidad las angustias e inquietudes ciudadanas, como lo solicita reiteradamente la dirección del país.
La tabla general que se muestra en nuestro sitio web es elocuente para visibilizar a los disciplinados, así como a los incumplidores. Y entre estos últimos es significativa la presencia de gobiernos y administraciones locales, y direcciones subordinadas a ellos, que eluden sus obligaciones con el sentir ciudadano, cuando debían ser ejemplo en responder. ¿No se hacen análisis rigurosos con estos huidizos?
Harina de otro costal son la calidad, integralidad y transparencia de las respuestas:
El 65 por ciento de ellas explica las razones por las cuales no había sido atendido el asunto del ciudadano, en muchos casos por el crítico problema de recursos del país hoy. Pero no siempre previamente prevaleció una atención y comunicación diáfana y transparente con el doliente acerca de esos imponderables. ¿Y qué decir del 35 por ciento de respuestas que ni siquiera explicaron las causas de lo que agobiaba a los respectivos remitentes? ¿No es acaso una obligación rendir cuentas al Soberano?
Por otra parte, el hecho de que el 34,8 por ciento de las respuestas revelaran que la queja del remitente fue resuelta después de la publicación del asunto en nuestra columna, hace pensar que en esos casos era posible la solución, y la mera revelación pública fue el detonante.
Un indicador que siempre hemos manejado en estos cortes evaluativos de Acuse de Recibo es la medida en que las respuestas explican o no con claridad las medidas que se adoptaron con los responsables implicados en los incumplimientos o errores de la entidad. Y en este período analizado, cuando tanto hay que distinguir los problemas objetivos de los subjetivos —estos que nada tienen que ver con imponderables y sí agravan la insatisfacción del ciudadano—, es muy preocupante constatar que en ninguna de las respuestas se clarifican esos esclarecimientos ejemplarizantes. A lo sumo, se menciona que se adoptaron medidas de manera general, pero no con quién y cuáles fueron.
Y los diez temas más recurrentes en las cartas recibidas en el período, de lo que más se quejan nuestros remitentes, corresponden a asuntos muy cotidianos de la vida. Al preponderante tópico de los servicios de acueducto, le siguen en orden decreciente el grave problema de la vivienda, la telefonía fija y digital, los servicios bancarios, la electricidad, la salud pública, problemas laborales, servicios de correos y sistema judicial. En total, representan el 63 por ciento de las misivas.
Sinceramente, este redactor siente vergüenza ajena con esos indicios de irresponsabilidad e insensibilidad de directivos que evaden sus compromisos con temas tan candentes de la vida que aquí se publican. ¿Acaso esas ausencias no constituyen flagrantes violaciones del Código de Ética de los Cuadros del Estado que esos huidizos firman y luego olvidan?