El curioso método que usan algunos ayuntamientos para saber de qué perro es una caca y multar a su dueño
Los excrementos de perro en las calles son uno de los problemas de limpieza urbana más habituales en muchas ciudades. Para combatirlo, algunos ayuntamientos han empezado a recurrir a un método poco habitual: analizar el ADN de las heces abandonadas para localizar al dueño del animal.
El sistema se basa en un censo genético de los perros del municipio, que permite identificar al animal responsable cuando aparecen excrementos abandonados en la vía pública.
Si coincide con un perro censado, el propietario puede ser identificado y sancionado.
Cómo funciona el sistema de ADN canino
El sistema es sencillo. Cuando el ayuntamiento introduce esta obligación en su ordenanza, los dueños deben acudir al veterinario para registrar el ADN del perro mediante un frotis bucal, una prueba rápida e indolora.
La muestra se analiza en laboratorio y se incorpora al censo municipal. Si aparecen excrementos abandonados en la calle, se recoge una muestra y se compara con esa base de datos para identificar al animal y a su propietario. En algunos casos, la recogida se realiza bajo supervisión municipal para garantizar la trazabilidad.
Actualmente 87 municipios de 15 provincias españolas cuentan con censo genético canino, ocho más que el año pasado. De ellos, 68 ya utilizan el ADN para sancionar a los dueños que no recogen los excrementos de sus mascotas, mientras que otros están todavía implantando el registro.
La primera capital de provincia que apostó por este método fue Málaga, y recientemente se ha sumado Tarragona. También existen municipios con este sistema en comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja o Baleares.
Registrar el ADN de un perro suele costar unos 40 euros, aunque algunos ayuntamientos subvencionan la prueba durante los primeros meses.
Las multas por no recoger los excrementos varían según la ordenanza municipal, pero suelen situarse entre 60 y 600 euros y en algunos casos pueden alcanzar 1.500 euros. Los ayuntamientos que ya lo aplican aseguran que el sistema tiene un claro efecto disuasorio.
No obstante, el método solo funciona si se cumplen dos condiciones: que la mayoría de perros estén censados y que el ayuntamiento recoja y analice periódicamente las muestras abandonadas.
En algunos municipios la implantación se ha ralentizado por cambios políticos, falta de medios o problemas administrativos.