El Gobierno impide a los autónomos ahorrarse hasta 600 euros al no aplicar el IVA franquiciado
El distanciamiento entre los autónomos y el Gobierno se acrecienta después de la Comisión Europea haya decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales, lo que se conoce como IVA franquiciado, una normativa que debería haberse aplicado desde el 1 de enero de 2025 y que permitiría a los autónomos y micropymes con poco volumen de facturación acogerse a un sistema simplificado que reduce cargas administrativas y mejora su liquidez. Bruselas abrió expediente a España en enero del pasado año por estos incumplimientos, sin que hasta ahora haya notificado la transposición de ninguna de las directivas, por lo que ha decidido sancionarla y llevarla al TJUE.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, que fue el que interpuso el pasado mes de diciembre una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de trasposición de esta medida, señala que el Gobierno sigue "discriminando" a los autónomos frente al resto de países europeos por el coste burocrático supera los 600 euros, que podrían ahorrarse en costes y burocracia si pudieran aplicarse el IVA franquiciado.
El Ministerio de Hacienda ha respondido que la transposición de esta directiva la da por tramitada con los cambios que se incluyeron en una enmienda del PSOE a la ley que transpone otra directiva, la conocida como DAC8, que modifica la ley del IVA para permitir a los empresarios que tengan su sede en España optar a la aplicación del régimen de franquicia de otros Estados miembros y regula las comunicaciones que deben efectuar ante la administración tributaria, así como el régimen de supervisión. También modifica el reglamento del IVA para incorporar el procedimiento para acceder al régimen de franquicia de otros Estados miembros y el contenido de las declaraciones informativas que tendrán que presentar ante la administración tributaria. Pero esta ley se encuentra en tramitación en el Congreso, aunque hace meses que se cerró el plazo de presentación de enmiendas parciales sin que haya habido avances.
Los autónomos aseguran que eso es solo "una trampa más". La realidad es que el Ministerio de Hacienda se ha negado a aplicar este supuesto opcional al entender que ya ofrece otras medidas simplificadas de liquidación del IVA, como son el régimen simplificado o de módulos y el recargo de equivalencia. Sin embargo, Bruselas le exige que permita a las pymes establecidas en España que operen en otros Estados miembros aplicarse el IVA franquiciado de ese país, una obligación recogida en la directiva y que el Gobierno todavía no ha aplicado. "Que no nos engañen. No han transpuesto porque no han querido", incide Amor, que reitera que "los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado, lo que es un agravio comparativo y una traba más para poder competir en igualdad".
Desde UPTA, su secretario general Eduardo Abad, también ha afeado al Gobierno que "el IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios, y el Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo. El Gobierno debe retomar este compromiso, cumplir con Europa y, sobre todo, cumplir con los autónomos". Según estimaciones del sector, más de un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado del IVA, "lo que supondría un importante alivio administrativo para los profesionales con menor volumen de facturación, ya que supondría un marco fiscal más sencillo, estable y adaptado a la realidad del trabajo autónomo".
Ambas asociaciones critican que la falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados a la hora de aplicar de repercutir y liquidar el IVA son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con "inseguridad legislativa". "El Gobierno es lento y perezoso es trasponer directivas que facilitan la labor a los autónomos y pequeños empresarios pero es ágil cuando son directivas que significan recaudar más", concluyen desde ATA.