Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

Como la actual conformación del Tribunal Constitucional (TC) mantiene un alineamiento evidente con el pacto parlamentario que gobierna hoy el país, desde la bancada de Acción Popular acaban de presentar una iniciativa de reforma constitucional que propone modificar el artículo 201 de la Constitución Política para permitir la reelección de los tribunos por un periodo adicional de cinco años. 

Con el respaldo de sus colegas de bancada Edwin Martínez, Carlos Alva, Silvia Monteza, Ilich López y Luis Aragón, el legislador Wilson Soto presentó el proyecto de ley n° 14153/2025-CR con el objetivo de “fortalecer la estabilidad institucional y la continuidad jurisprudencial en el máximo órgano de control constitucional del país”.

Según Soto, la propuesta establece que los siete magistrados del TC puedan ser reelegidos solo por otro periodo adicional de cinco años “para equilibrar la continuidad en la interpretación constitucional con la renovación institucional”. “La finalidad es consolidar líneas jurisprudenciales y evitar cambios bruscos cada vez que se cambia la composición del tribunal”, precisó.

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El parlamentario señaló que el actual periodo de cinco años para los magistrados del TC es relativamente corto a diferencia de otros tribunales constitucionales del mundo, en los que los mandatos suelen ser más largos. “En países, como Colombia, Chile o Alemania, los periodos pueden extenderse entre ocho y doce años, lo que contribuye a una mayor estabilidad en la justicia constitucional”, dijo.

Indicó también que la iniciativa no genera gasto adicional al Estado, ya que no modifica la estructura ni el número de magistrados que conforman el Tribunal Constitucional.

“La corroboración del pacto”

Pues bien, esta propuesta sería la corroboración del pacto que existe entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, en opinión del politólogo Eduardo Salmón. “Quieren evitar las nuevas componendas que deberían concretar con la renovación de magistrados”, explicó.

Salmón consideró que lo sensato sería que se presente un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de que la elección de miembros del TC esté en manos del Congreso. “El problema actual es que el proceso tiene un tinte político y no depende de méritos ni trayectoria sino de los votos del Parlamento. Lo que podría aprobarse es que los legisladores presenten una terna y un grupo independiente técnico designe a los tribunos”, agregó.

Salmón afirmó que, si bien la propuesta se presenta a pocos meses de que concluya el actual periodo parlamentario, si se aprueba en esta legislatura, desde julio de este año, el nuevo Congreso podría aprobarlo en una segunda legislatura continua, como se establece en proyectos de ley de reforma constitucional.

“Es peligroso que los actuales integrantes del TC sean reelegidos porque la ciudadanía se quedaría sin la garantía del respeto de sus derechos básicos, como ha venido pasando. Tenemos un TC pro crimen que le está abriendo las cárceles a sentenciados, como (el exministro del Interior) Daniel Urresti (condenado como coautor por el asesinato del periodista Hugo Bustíos)”, manifestó.

Polémicos fallos

Desde mayo del 2022, el Tribunal Constitucional se encuentra integrado por los magistrados Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández, quien fue el único en asumir el cargo en diciembre del 2023.

Durante todo ese tiempo, la mayoría del TC, con excepción casi siempre de Monteagudo, declaró constitucionales una serie de polémicas leyes impulsadas por la alianza parlamentaria que gobierna el Perú.

Por ejemplo, en el 2022, el Tribunal Constitucional le abrió la puerta para que los congresistas aprueben leyes que generen gasto al Estado al rechazar la demanda de constitucionalidad que presentó el Ejecutivo contra la ley que declaró en emergencia el Sistema Nacional de Salud.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que, en los tres quinquenios previos, el Congreso había aprobado apenas 30 leyes por insistencia con impacto fiscal, por un costo acumulado de S/500 millones. Sin embargo, en los últimos cuatro años, esa cifra se ha multiplicado por diez: se han aprobado más de 100 leyes por insistencia, con un costo fiscal estimado en S/36.000 millones.

El TC también avaló y declaró constitucional la Ley n° 31520, que concretó la contrarreforma universitaria al debilitar a la Sunedu, convirtiéndola en una mesa de partes, como sucede actualmente.

La mayoría del Tribunal Constitucional también respaldó la ley que limita la aplicación de los delitos de lesa humanidad y permite la prescripción de crímenes cometidos antes del 2002. De esta norma se basaron para anular la condena de 12 años de cárcel contra Daniel Urresti y ordenar su libertad.

Finalmente, el TC declaró la constitucionalidad de la Ley 31751, conocida como Ley Soto, que establece que la suspensión de la prescripción penal no puede superar un año. Esta decisión benefició al congresista acuñista, Alejandro Soto, y podría pasar lo mismo con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el expresidente encarcelado, Martín Vizcarra.