Cambiar presidentes no es gobernar: el Perú necesita legitimidad , por Koki Noriega
*Koki Noriega, gobernador de Áncash.
El Perú vuelve a enfrentar un momento decisivo. La asunción de José María Balcázar como presidente encargado de la República, tras su elección como titular del Congreso, confirma una vez más la fragilidad institucionalidad de nuestro sistema político.
Cambiar de jefe de Estado como si se tratara de un trámite administrativo no solo erosiona la legitimidad del poder, también envía un mensaje de incertidumbre que impacta en la economía, en la seguridad y en la confianza ciudadana. El país necesita autoridades con legitimidad, capaces de restablecer la institucionalidad presidencial, recuperar el equilibrio de poderes y poner un freno firme a la delincuencia que golpea con especial dureza a todo el país.
El nuevo gabinete encabezado por Denisse Miralles tiene ahora un reto que va más allá de obtener el voto de confianza del Congreso: debe recuperar la credibilidad ante una ciudadanía profundamente escéptica y actuar con capacidad técnica, concertación y política, puesto que estamos en un proceso electoral que exige responsabilidad y neutralidad.
La inestabilidad política no es solo un problema de percepción; tiene consecuencias económicas reales. Cada episodio de crisis implica un costo para el país. Es cierto que los fundamentos macroeconómicos han permitido amortiguar impactos más severos en variables como la inflación, el tipo de cambio o la salida de capitales, y que el manejo responsable del Banco Central de Reserva del Perú ha contribuido a preservar la estabilidad monetaria. Sin embargo, nada de ello evita que la incertidumbre termine golpeando el crecimiento del PBI, el empleo y la inversión privada. Un avance cercano al 3 % resulta claramente insuficiente para un país con profundas brechas sociales y territoriales.
En paralelo, no podemos ignorar que, en medio de esta fragilidad institucional, ha habido un factor decisivo para que el país no se detenga: el trabajo sostenido de las regiones. Mientras la crisis política se profundizaba en el nivel central, los gobiernos regionales actuamos sin periodos de espera ni excusas, priorizando gestión y resultados. En el 2025, los 25 gobiernos regionales registraron un promedio de ejecución de inversión pública cercano al 94 %, superando los 15 mil millones de soles destinados a salud, educación, transporte, saneamiento y desarrollo productivo. Estas cifras no responden a la improvisación, sino a planificación técnica, responsabilidad política y compromiso directo con la ciudadanía.
El Perú ha demostrado en otros momentos que puede crecer al 5 % o 6 % y reducir la pobreza de manera sostenida. Para retomar esa senda se requiere una agenda de largo plazo orientada a la competitividad y la productividad, con reformas claras que impulsen la inversión y generen confianza. No podemos normalizar un crecimiento mediocre cuando el potencial del país es mucho mayor. Del mismo modo, resulta indispensable que los grandes proyectos no se paralicen por la incertidumbre política. Cada obra detenida significa empleo perdido, servicios postergados y brechas que se amplían.
Tampoco se puede hablar de desarrollo sin seguridad ciudadana. La inseguridad impacta de manera directa en las micro y pequeñas empresas, que son el principal motor de empleo en nuestras regiones. Cuando un emprendedor cierra su negocio por miedo o extorsión, no pierde solo una familia: pierde el país entero.
A ello se suma un reto inmediato e ineludible: garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral que se llevará a cabo en menos de dos meses. La transparencia, la paz social y el respeto a la voluntad popular no son solo obligaciones legales, son condiciones mínimas para recuperar la estabilidad que el país necesita. No podemos permitir que la incertidumbre política contamine el ejercicio democrático ni debilite la confianza en las urnas.
Hoy vemos con preocupación que el Congreso legisla muchas veces de espaldas al pueblo, sin escuchar ni representar lo que la ciudadanía demanda. No espero nada del Congreso mientras los mismos continúen allí; pero vivimos en un Estado de derecho y, precisamente por eso, esperamos que el nuevo presidente represente al país sin mayores escándalos y que devuelva algo de tranquilidad institucional.
El Perú necesita estabilidad, legitimidad y rumbo. Y esa tarea no puede postergarse más. Las regiones seguiremos cumpliendo nuestro rol, pero la decisión final siempre estará en manos de los ciudadanos. Hoy más que nunca, votar con responsabilidad, informarse y elegir con criterio no es solo un derecho: es un deber con el futuro del país. Porque cuando las regiones avanzan, el Perú avanza; y cuando la ciudadanía decide bien, la democracia se fortalece.