SAC aún no elige a delegado que liderará investigación contra Dina Boluarte por caso Cirugías

La Subcomisión de Acusaciones del Constitucionales (SAC) del Congreso tiene un plazo de 15 días para presentar su informe final sobre la acumulación de las denuncias constitucionales 533, 589 y 598, en las cuales se responsabiliza a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra de presuntamente abandonar su cargo para someterse a una cirugía en junio del 2023.

De acuerdo con Lady Camones, presidenta de la SAC, aún están evaluando quién será el delegado que dirigirá el proceso de investigación en dicho plazo.

La denuncia fue presentada en mayo 2025 por Delia Espinoza quien, en ese entonces, se desempeñaba como fiscal de la Nación. Hicieron lo mismo los congresistas de la bancada Bloque Democrático Popular, Carlos Zeballos y Ruth Luque, y la parlamentaria no agrupada Margot Palacios.

Se señala a Boluarte Zegarra como presunta responsable del delito de usurpación de función pública y el delito de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 361, 377 y 380.

Procedimiento exigido por el TC

El Tribunal Constitucional establece que para admitir a trámite la denuncia constitucional es necesario que tanto por antejuicio y juicio político se confirme si los hechos o conductas imputadas a Boluarte responsan a las infracciones constitucionales imputadas.

En el caso del antejuicio político el Tribunal Constitucional establece que el Legislativo debe determinar la "verosimilitud de los hechos materia de acusación" y que estos corresponden a un tipo penal establecido por ley. "En el antejuicio sólo caben formularse acusaciones por la supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de los implicados ante los supuestos delitos cometidos durante sus funciones", indica la norma.

Respecto a la imputación de infracciones constitucionales, el TC determina que "una exigencia mínima consiste en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deba subsumir las conductas cuestionadas dentro del tipo penal respectivo (en el caso del antejuicio) o de la cláusula constitucional infringida (en el caso de las infracciones a la Constitución)".

Especifican que, al no existir un cuerpo normativo que precise "cuáles son las infracciones constitucionales y sus posibles sanciones, dicha motivación deberá ser prolija, para evitar un estado de indefensión".

Será en el informe final de la SAC donde se determine si se recomienda una inhabilitación o acusación constitucional. "Esa es una prerrogativa que tiene el delegado producto de las investigaciones que realicé. Luego de todo el trabajo que realice, como conclusión del informe final, ya determinará si corresponde formular una acusación o una inhabilitación. Eso es competencia netamente del delegado", indicó Camones.

Acciones de la SAC estos 15 días

Tanto Dina Boluarte como la SAC tienen un tiempo para avanzar sus próximas acciones. De acuerdo con el propio proceso parlamentario, se exige una etapa de indagación previa y respeto al derecho de defensa antes de elaborar el informe final.

Lady Camones señaló a este medio que durante ese plazo "corresponde primero designar a un delegado para que se haga cargo de la investigación". Posteriormente, se iniciará el proceso de investigación, lo cual terminará con un informe final que será debatido y votado ( en una sesión del SAC.

Especificó también que el delegado aún no ha sido elegido y que las acciones como parte de la investigación serán determinadas por dicho responsable.

La subcomisión puede convocar a funcionarios, especialistas o involucrados para que brinden declaraciones o aclaraciones sobre el caso.

Si bien, usualmente los 15 días son el tiempo mínimo otorgado, este se puede ampliar por 20 o 30 días más dependiendo de la complejidad de la investigación. Sin embargo, el Congreso determinó que se trata de un plazo improrrogable.

Por su parte, la exmandataria puede presentar sus descargos, documentos o argumentos antes de que se emita un informe.

Siguientes pasos

Tras la presentación del informe final, la SAC votará por el archivo o admisión de dicho documento.

Si el informe final recomienda declarar procedente la denuncia y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú (SAC) lo aprueba, el proceso continúa con la acusación constitucional y pasa a otras etapas dentro del Congreso de la República del Perú.

Siguiendo ese supuesto, la SAC remite el informe aprobado a la Comisión Permanente del Congreso del Perú. Allí se debate el documento y se decide si se aprueba o rechaza la acusación constitucional.

Si la Comisión Permanente aprueba el informe, se designa a congresistas acusadores que se encargarán de sustentar el caso ante el Pleno.

En el Pleno, los congresistas acusadores presentarán la acusación, Dina Boluarte o su abogado pueden ejercer su derecho de defensa y presentar sus alegatos. Después de ello, se realizará la votación.

Dependiendo del tipo de infracción o delito, el Pleno puede dar una sanción política (suspensión, destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos) cuando se trata de una infracción constitucional, o ordenar una acusación penal, es decir, autorizar que el Ministerio Público investigue y procese penalmente al funcionario ante el Poder Judicial.