Vitoria, la última masacre del franquismo sin Franco
Vitoria era un polvorín. Álava llevaba dos meses con huelgas y protestas masivas, con una legalidad aún estrecha para la libre asociación y la manifestación, y maniatada por un inútil sindicato único. La reivindicación común era un aumento de sueldo, la rebaja laboral a 40 horas semanales, cobrar la totalidad en las bajas por accidente, media hora de descanso, y la jubilación a los 60 años. Estas peticiones no eran asumibles por los empresarios alaveses, y así se lo comunicaron a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales. Los intentos de huelga general del 16 y 23 de febrero habían fracasado, pero el 3 de marzo de 1976 tuvo éxito. Miles de huelguistas se concentraron en Vitoria y decidieron encerrarse en la iglesia de San Francisco de Asís. La respuesta policial fue desproporcionada. El resultado: cinco muertos de edades entre los 17 y 32 años.
Era la tercera jornada de huelga en solidaridad con las plantillas de varias empresas que acumulaban meses sin pagar los salarios. Desde el inicio del día, la tensión era palpable. En las calles se habían colocado barricadas con piquetes. Muy pronto comenzó el tanteo entre las Fuerzas del Orden y los manifestantes. Por la tarde, el choque se trasladó a los barrios de Arana, Coronación y Zaramaga. Los primeros tiros se produjeron en la Avenida del Generalísimo, hoy Avenida Gasteiz. En esos días, las parroquias se habían convertido en el refugio para manifestantes. El motivo era que los recintos religiosos contaban con la protección del Concordato con la Santa Sede y esto era aprovechado por algunos sacerdotes para acoger a los huelguistas. De esta manera, la iglesia de San Francisco de Asís se convirtió el 3 de marzo en el refugio para la celebración de una asamblea que reunió a unas 4.000 personas. Fuera del recinto se situaron otros miles esperando la resolución.
Fraga, ministro de la Gobernación, se encontraba esos días en la República Federal Alemana. Su idea era mantener la mano dura con los huelguistas debido a que el PCE y CCOO hablaban por entonces de propiciar una ruptura de carácter revolucionario. Aunque parece ser que nunca pronunció la frase «La calle es mía», Fraga estaba más preocupado por el sentido de la transición a la democracia que por sacar el franquismo de la mentalidad de la policía. El responsable del orden público en Vitoria era Rafael Landín, gobernador civil de Álava. Fue así como la Policía Armada recibió la orden ejecutiva de desalojar el templo «sin reparar en medios». En la grabación se oye: «J-2 para J-3 y J-1: procedan a desalojar la iglesia. Si desalojan por las buenas vale, si no a palo limpio. Desalojen la iglesia como sea. Cambio». La respuesta: «Está repleta de tíos. Fuera estamos rodeados de personal. Vamos a tener que emplear las armas. Cambio». A lo que contestaron: «Gasead la iglesia. Cambio». Sobre las cinco de la tarde, los policías rodearon la iglesia, pidieron a los asamblearios que salieran y, ante la negativa, iniciaron el asalto. Rompieron los cristales y lanzaron botes de humo y gases lacrimógenos.
Más de 2.000 tiros
El pánico se apoderó de los trabajadores, que salieron corriendo de la parroquia. Fuera esperaba la Policía Armada, que empezó a golpear a los huelguistas con porras y pelotas de goma. Fue entonces cuando se produjeron incontables disparos. En la grabación policial se oye: «Esto es una batalla campal. Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de 2.000 tiros». Así murieron Pedro María Martínez Ocio (27 años), Francisco Aznar (17), Romualdo Barroso Chaparro (19), José Castillo García (32) y Bienvenido Pereda Moral (30). Hubo, además, un centenar de heridos. El mensaje policial no dejó lugar a dudas: «Aquí ha habido una masacre». El 5 de marzo se celebraron los funerales en la catedral de María Inmaculada. La gente llenó el templo. Los féretros recorrieron la ciudad a hombros de trabajadores acompañados por cerca de 80.000 personas. Pasaron frente al Gobierno Civil, custodiado por la policía, y no ocurrió nada. Días después la patronal aceptó las condiciones de los huelguistas, aunque los principales dirigentes fueron detenidos para pasar cinco meses en la cárcel de Carabanchel. Por su lado, el Gobierno se vio desbordado por la tragedia. La crítica al Ejecutivo fue general, y el rey Juan Carlos consideró que la opción de Arias Navarro, incluso del mismo Manuel Fraga, habían quedado ya definitivamente frustradas. Tampoco hubo investigaciones serias ni juicio alguno. El caso recayó en un tribunal militar a cargo del juez instructor Cipriano Pérez Trincano, coronel de infantería. Tras oír el relato del capitán de la Policía Armada, Jesús Quintana Saracibar, lo dio por sobreseído. Y hasta hoy.