El PP empuja al PSOE a otra crisis por la Ley Trans al intentar "blindar" los baños y las cárceles de mujeres
Aprovechando su cercanía con el 8-M, Día Internacional de la Mujer, el PP va a registrar la semana que viene en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) con la que busca presionar formalmente al Gobierno para que revierta algunas de las consecuencias de la polémica Ley Trans. Con esta iniciativa, que tendrá que ser votada en la Cámara Baja, los populares también obligarán al PSOE a abrir un complejo debate interno sobre la posición del partido en este asunto.
Dentro del PSOE hay varias corrientes internas con mucho poder, como la de las llamadas feministas clásicas, que abogan por la derogación al completo de dicha norma, que consideran que contribuye al borrado de las mujeres.
Según ha podido saber LA RAZÓN, la PNL que el PP registrará en la Cámara Baja busca prohibir la autodeterminación en el Registro Civil, así como "blindar la protección de la intimidad y seguridad de las mujeres en los espacios diferenciados por sexo, garantizando la exclusividad femenina". En concreto, intenta presionar en dos frentes. El primero defiende que las mujeres trans no deben entrar en espacios reservados exclusivamente para mujeres, como pueden ser baños o vestuarios.
En segundo lugar, defiende promover "la asignación segura de los centros penitenciarios, conforme a criterios que prioricen la seguridad de las mujeres internas". Esto se debe a que hay delincuentes que se aprovechan de la Ley Trans para cambiar de género y pedir ir a cárceles de mujeres. También hay casos de delincuentes condenados por violencia de género que aprovechan la norma para intentar quitarse agravantes. Aunque estas prácticas estarían consideradas un fraude de ley, hay quien denuncia que no se persiguen lo suficiente y que la norma tiene agujeros. De hecho, el PP denuncia que estas prácticas ponen en riesgo la seguridad de las reclusas.
"La Ley Trans es una salvajada impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que introdujo un sistema de rectificación registral del sexo basado exclusivamente en la voluntad declarada (la autodeterminación), sin salvaguardas y garantías objetivas", aseguran fuentes del PP. Esto, según explican, "ha provocado una colisión directa con los derechos de las mujeres y consolidados en nuestro ordenamiento jurídico".
Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo denuncian que, en la práctica, la norma ha dado lugar "a una desprotección institucional" de las mujeres, "alterando sustancialmente las garantías, los espacios de seguridad y la eficacia de las políticas públicas de igualdad basadas en el sexo". "La defensa de los derechos de las mujeres, su seguridad y su plena participación en la vida social exige actuar con firmeza y responsabilidad, asegurando que ninguna agenda política sitúe sus intereses en un segundo plano, ni contribuya a su invisibilización jurídica o material", comentan las fuentes.
También se protegen de las posibles acusaciones de transfobia, asegurando que no cuestionan la dignidad ni los derechos de las mujeres trans, sino que su finalidad es "poner fin a la colisión de derechos, garantizando que el reconocimiento de nuevos derechos no implique, en la práctica, una merma de los derechos de mujeres y niñas".
Esta iniciativa puede generar una brecha importante dentro del PSOE, ya que las feministas están de acuerdo con esas medidas que pide el PP y en varias ocasiones han verbalizado que los socialistas deberían llegar a acuerdos con los populares para revertir los "daños" de la Ley Trans.
Cuando se aprobó la norma en 2023, las feministas clásicas criticaron que su partido votara a favor de la misma porque consideraban que contribuiría al borrado de las mujeres. La actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, era entonces diputada y se saltó la disciplina de voto, votando en contra. También lo hizo una senadora en la Cámara Alta. Desde entonces, la herida no ha terminado de cerrarse.
La división interna se volvió a ver en el último Congreso Federal del PSOE, donde las feministas consiguieron maniobrar para que el partido retirase la Q+ de las siglas LGTBI, algo que no cumplieron algunas federaciones y que acabó teniendo que ser investigado por la Comisión de Ética y Garantías de los socialistas.
A todo ello hay que sumar que las feministas del partido no pasan por su mejor momento en cuanto a las relaciones con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y llegaron a pedir su dimisión por las polémicas pulseras antimaltrato. Reabrir el debate trans es peligroso para el PSOE, ya que un paso en falso puede acrecentar la brecha que ya existe.