La Ley de Propiedad Horizontal da el visto bueno: así es como el presidente de una comunidad puede recibir un sueldo
El presidente de una comunidad de vecinos en España tiene un papel fundamental para garantizar la convivencia y la correcta gestión del edificio que comparten todos los propietarios. Según la Ley de Propiedad Horizontal, es el encargado de convocar y presidir las juntas de propietarios, organizar las decisiones colectivas y asegurar que se cumplen los acuerdos adoptados por la comunidad. Asimismo actúa como representante legal ante terceros, administra los asuntos cotidianos de la finca y vela por que los servicios y suministros funcionen de forma adecuada y acorde a las normativas vigentes.
Además de estas funciones organizativas y de representación, el presidente debe gestionar situaciones de conflicto entre vecinos, mediar en problemas y garantizar el respeto de las normas de convivencia. Tiene la obligación de coordinar con el administrador de fincas cuando exista, supervisar la ejecución de los acuerdos en materia de obras y mantenimientos, y encargarse de las relaciones con proveedores y la administración pública. Su labor exige transparencia y diligencia, y cualquier omisión en sus funciones podría acarrear responsabilidad legal. Por ello, ser presidente puede convertirse en un cargo exigente y de gran responsabilidad dentro de la comunidad.
Ante estas obligaciones que pueden suponer una carga importante de tiempo y responsabilidad, surge una duda habitual entre propietarios de comunidades: ¿puede el presidente recibir un sueldo por desempeñar este cargo o siempre es gratuito? Esta cuestión ha cobrado actualidad en varias comunidades de propietarios tras debates y casos controvertidos registrados en distintas zonas de España. La respuesta no siempre es sencilla y depende tanto de la legislación como de los acuerdos que adopten los propios vecinos.
La Ley de propiedad Horizontal no prohíbe el sobro
La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe expresamente que el presidente reciba una compensación económica por su trabajo, pero establece que el cargo es por defecto gratuito y obligatorio para los propietarios. Para que pueda cobrarse un sueldo es indispensable que la junta de propietarios lo apruebe de forma clara y explícita, considerándolo como un gasto comunitario más, del mismo modo que se aprueban las derramas o los presupuestos de mantenimiento. Esta aprobación debe hacerse en junta y con el acuerdo de la mayoría necesaria para validar la modificación de gastos, garantizando siempre la transparencia del proceso.
Otro tipo de retribuciones por la labor del presidente
Aunque no sea habitual, puede pactarse una retribución que compense el tiempo invertido y las responsabilidades adicionales que asume el presidente. En la práctica sí es común que se acuerden bonificaciones indirectas, como la exención de pagar cuotas comunitarias o el reembolso de gastos generados por el desempeño del cargo, como desplazamientos o llamadas telefónicas relacionadas con la gestión. Sin embargo, cualquier remuneración económica directa debe salir claramente aprobada por la junta y reflejarse en las cuentas comunitarias, asegurando que todos los vecinos conocen y aceptan la medida.
Una comunidad aprueba más de 8.000 euros al mes
Un ejemplo que ha generado debate entre propietarios se dio recientemente en una urbanización de la provincia de Málaga en 2024, donde la junta de propietarios aprobó un sueldo para su presidente que ascendía a 8.500 euros al mes en 12 pagas, es decir, un total de 103.000 euros anuales. Aunque la aprobación fue formalmente correcta y se ajustó a la legalidad vigente, la magnitud de la cifra provocó críticas y discusiones entre los vecinos sobre los límites éticos y prácticos de remunerar este cargo tradicionalmente voluntario y honorífico. Este caso sirve como referencia para que otras comunidades valoren con prudencia la cuantía y los criterios de remuneración de sus presidentes.