Alcaldías salen a proteger a Diego Miranda tras sanción del Concejo Municipal de San José

La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) emitió un pronunciamiento en apoyo al alcalde de San José, Diego Miranda, por la sanción que impuso el Concejo Municipal josefino en su contra.

En octubre pasado, los regidores capitalinos votaron a favor de aplicar una suspensión de 15 días a Miranda debido a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos.

“Nos hemos reunido, los diferentes alcaldes y alcaldesas del país, en representación de ANAI, donde se está dando un total apoyo con lo que está sucediendo con el alcalde de San José y que viene a afectar la autonomía y coadministración que se da en los concejos municipales con la alcaldías”, dijo Ángela Aguilar, alcaldesa de Heredia y diputada electa del Partido Liberación Nacional (PLN).

Aguilar agregó: “Necesitamos dejar un precedente. Tenemos que mantener siempre esos órganos bifrontes donde no existe un nivel jerárquico entre los concejos municipales y las alcaldías”.

Los argumentos de la jerarca herediana coinciden con lo señalado en reiteradas ocasiones por Miranda, quien ha sostenido que el Concejo “no tiene competencia” para sancionarlo.

Una mayoría de regidores josefinos sostienen que sí tienen competencia para sancionarlo.

“El código establece que el concejo y la alcaldía son órganos bifrontes. La pregunta aquí es más bien: ¿cuál partido político con sus asesorías políticas está dándole consejos a los regidores? Ya que el concejo municipal no tiene posibilidad de sanción sobre el alcalde“, cuestionó el alcalde josefino en declaraciones brindadas a La Nación en setiembre pasado.

El alcalde ha calificado la sanción en su contra como “injusta y contraria a la ley” y afirmó que los regidores que votaron a favor de suspenderlo habrían incurrido, a su criterio, en un presunto delito de prevaricato.

La ANAI señaló que, con ese pronunciamiento, pretende dejar claro que las alcaldías “están unidas” y establecer las limitaciones de los concejos municipales.

Aunque la sanción contra Miranda fue impuesta el pasado 21 de octubre, la medida aún no ha sido ejecutada.

El pasado 24 de febrero, el Concejo aprobó que la decisión se materializara. El acuerdo se aprobó con mayoría de ocho regidores contra tres.

Sin embargo, el acuerdo no quedó en firme al no alcanzarse la mayoría necesaria en una segunda votación; en consecuencia, adquirirá firmeza una vez que se apruebe el acta correspondiente.

¿Por qué lo habían sancionado?

Según había publicado La Nación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde con motivo de un informe de la Auditoría Interna.

Según ese informe, el 21 de febrero del 2025, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.

De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.

Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.

El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.

Para la Auditoría, el que Miranda pidiera declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.

Según el informe preliminar, esta conducta podría configurar un presunto incumplimiento del deber de probidad y la violaciones de varias disposiciones legales, contenidas en la Ley General de Contratación Pública, el Código Municipal, la Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública. También, menciona una supuesta violación a la Constitución Política.