La subida del gas por la guerra con Irán acelera la reforma para evitar cortes a hogares vulnerables
- Mercado tensionado por la guerra
- Protección reforzada ante el riesgo de exclusión energética
- Adaptación a la nueva normativa europea
- Evitar la dispersión normativa
- Mensaje de calma en medio de la incertidumbre
En pleno repunte de los mercados energéticos y con el Banco Central Europeo anticipando más inflación, el Ministerio para la Transición Ecológica cierra este martes la consulta pública previa para reformar el Real Decreto 1434/2002 y reforzar la protección de los consumidores de gas natural.
La iniciativa pretende actualizar el marco que regula el transporte, distribución, comercialización y suministro de gas para introducir medidas específicas contra la pobreza energética y evitar que las familias en situación de vulnerabilidad vean interrumpido el servicio por no poder afrontar los pagos.
Mercado tensionado por la guerra
El detonante inmediato ha sido el conflicto en Oriente Próximo. El precio del gas natural en los mercados internacionales se disparó casi un 40% este lunes, en una reacción mucho más intensa que la del petróleo.
El futuro del gas TTF en el mercado ICE de Holanda —referencia en Europa— llegó a subir un 35% hasta 43,10 euros por megavatio hora, tocando máximos de 48,59 euros.
El alza responde al cierre del mayor campo de gas del mundo, situado en Qatar, y al temor de los inversores a una interrupción del suministro por el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del gas natural licuado y del petróleo que consume el mundo.
Este encarecimiento tendrá impacto directo en el recibo eléctrico. El gas marca el precio diario de la electricidad en el sistema marginalista: la tecnología más cara fija el precio para todos los productores y, en consecuencia, para el consumidor final.
La consecuencia es un “efecto cascada” que se traslada también a la gasolina, al transporte de mercancías y a la cesta de la compra.
El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha reconocido que un aumento de los precios energéticos eleva la inflación a corto plazo y puede afectar a la actividad económica, dependiendo de la duración y magnitud del conflicto.
Protección reforzada ante el riesgo de exclusión energética
El proyecto de real decreto plantea modificar el marco vigente para introducir un principio de precaución ante la interrupción del suministro cuando concurran situaciones de vulnerabilidad económica o social.
El diagnóstico del Ministerio es claro: el actual marco normativo presenta deficiencias en los mecanismos de prevención del corte por impago, en la coordinación entre comercializadoras y administraciones públicas y en las garantías procedimentales ante interrupciones y procesos de reconexión.
La reforma pretende:
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Proteger a los consumidores vulnerables frente al corte de suministro por imposibilidad de pago.
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Establecer mecanismos efectivos de actuación para empresas y administraciones.
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Introducir garantías procedimentales que eviten situaciones de indefensión.
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Facilitar la reconexión del servicio.
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Mejorar las condiciones de facturación y la transparencia ante incrementos imprevistos.
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Prohibir las llamadas comerciales no solicitadas en la comercialización de gas natural.
El objetivo general es garantizar un suministro seguro, transparente y ajustado a las necesidades de los consumidores, alineando la protección del gas con los estándares ya aprobados para el sector eléctrico, que recientemente actualizó su normativa de contratación y suministro.
Adaptación a la nueva normativa europea
La reforma también responde a la necesidad de adaptar la normativa española a la Directiva (UE) 2024/1788 y al Reglamento (UE) 2024/1789, aprobados en junio de 2024, que establecen nuevas exigencias en materia de derechos de los consumidores y protección de colectivos vulnerables en los mercados interiores del gas renovable, gas natural e hidrógeno.
Evitar la dispersión normativa
El departamento que dirige Sara Aagesen descarta aprobar un reglamento independiente de protección del consumidor de gas. Aunque sería una alternativa regulatoria posible, incrementaría la dispersión normativa y dificultaría la comprensión del régimen jurídico del sector gasista.
También se han valorado alternativas no regulatorias, como la autorregulación por parte de las empresas comercializadoras o campañas informativas dirigidas a los usuarios.
No obstante, el Ministerio considera que estas medidas serían insuficientes para garantizar una protección uniforme y efectiva, especialmente para los colectivos más vulnerables.
Por ello, la modificación del Real Decreto 1434/2002 se presenta como la vía más adecuada para lograr una regulación coherente y completa, reforzar la seguridad jurídica y asegurar un elevado nivel de protección.
Mensaje de calma en medio de la incertidumbre
Pese a la tensión internacional, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha lanzado un mensaje de tranquilidad al recordar que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas que consume España pasan por el Estrecho de Ormuz.
Sin embargo, en un mercado global interconectado, las subidas de precios se trasladan igualmente a los mercados europeos.