La Policía Canaria registra un centro de migrantes en Tenerife en el marco de una investigación por malos tratos a menores
Desde que comenzaron las diligencias el año pasado, el Juzgado ha ordenado el cierre de dos recursos de acogida en Gran Canaria y han sido detenidos once trabajadores, entre ellos la presidenta de Quorum
Hemeroteca - Un grupo de menores saca a la luz nuevos episodios de violencia en un centro de Tenerife: ''Parece un lugar de castigo''
La Policía Canaria ha registrado este martes un centro de menores no acompañados de Tenerife. Los agentes se han desplazado hasta la calle Blanco de Puerto de la Cruz, donde está el recurso de acogida conocido como MyCity, gestionado por la ONG Quorum Social 77. La actuación policial, según han confirmado fuentes judiciales a este periódico, se enmarca en la investigación iniciada por el Juzgado piloto de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos malos tratos hacia los menores migrantes.
En verano de 2025, este Juzgado dictó el desalojo de dos centros de acogida en Gran Canaria: Fortaleza I, también conocido como Bandama, y el centro de la playa del Cabrón, en Arinaga. Los dos eran gestionados por la asociación Quorum Social 77, una de las que más dinero público recibe para ofrecer este servicio.
El desmantelamiento de los dos centros se ejecutó ante ''las numerosas evidencias y testimonios recibidos'' sobre la presunta comisión en el interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, amenazas y contra la integridad moral. Desde que comenzó la investigación han sido detenidos once trabajadores de Quorum, entre ellos la presidenta de la entidad.
Un ''centro de castigo''
Según ha podido saber esta redacción, por el momento no se ha ordenado el cierre de MyCity. En julio de 2024, un grupo de jóvenes relató a Canarias Ahora supuestos casos de malos tratos en MyCity. ''En lugar de un centro de menores parece un centro de castigo'', narró a esta redacción Alioune (nombre ficticio), que decidió no dar su nombre real por miedo a represalias.
Él y cinco jóvenes más afirmaron que haber presenciado golpes, castigos y provocaciones por parte de algunos educadores. El grupo de menores ya describió hace dos años a los trabajadores del centro como ''seguritas'' y alertaron de la existencia de una ''sala en la quinta planta'' donde los usuarios eran supuestamente encerrados para corregir su comportamiento.
Al comienzo de la legislatura, la entidad dirigía 18 centros en las islas. Durante la emergencia declarada por el aumento de menores no acompañados en la ruta canaria, el Gobierno regional abrió once centros más dirigidos por la ONG, según los datos oficiales. Canarias lleva en esta situación de emergencia cinco años. El Ejecutivo la declaró en 2020, la amplió en 2023, en febrero de 2025 y en enero de 2026.
El Gobierno de Canarias ha reiterado en varias ocasiones que no rescindirá los acuerdos con esta entidad mientras que el juzgado no resuelva que se trata de un ''maltrato estructural o una consigna de la organización'', al no tener ''ningún argumento legal'' para romper los contratos.