El Gobierno de España aprueba una declaración de "condena" del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y de "reconocimiento" a las víctimas

El Gobierno de España, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado el 3 de marzo de 2026 una declaración de “condena” de la “actuación desproporcionada” de la Policía Armada en una iglesia de Vitoria el 3 de marzo de 1976 y de “reconocimiento” y “homenaje” a todas las víctimas, tanto los cinco fallecidos como las decenas de heridos de bala y por otro tipo de lesiones. La resolución pone nombre y apellidos a los asesinados, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda, Franscisco Aznar y José Castillo, remarca que “la lucha obrera” de aquellos años “fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades” tras el largo túnel del franquismo y remarca la “trascendencia histórica” de lo acontecido para Vitoria, para Álava, para Euskadi y para España.

El acuerdo no señala a los responsables con sus nombres y apellidos, ni a los policiales -Rafael Landín como gobernador civil de Álava y Jesús Quinta Saracíbar como capitán de la Policía Armada- ni a los políticos -Carlos Arias-Navarro como presidente del Gobierno, Manuel Fraga como ministro del Interior y Rodolfo Martín Villa como responsable de Relaciones Sindicales-. Se puede leer aquí una reconstrucción de los hechos con base en documentos “confidenciales” de las fuerzas de seguridad de la época y de la CIA. E insiste el Gobierno en que este paso no es algo excepcional sino que “reafirma” los pasos dados por el actual Ejecutivo en los últimos años. Se explica que la iglesia donde se produjeron los hechos, San Francisco de Asís en Zaramaga, es ya “lugar de memoria”, que el Estado ha aportado 0,6 millones para la puesta en marcha allí mismo de un Memorial y que las víctimas también “han sido reconocidas y reparadas por las instituciones vascas y estatales”.

El documento lleva por título “declaración institucional de reconocimiento a las víctimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz” y de “condena la actuación desproporcionada de la Policía Armada en aquellos sucesos” por el que “se reafirma el compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación”. La resolución, propuesta por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, arranca con la constatación de que “el 3 de marzo de 1976, hace 50 años, la ciudad de Vitoria-Gasteiz fue escenario de uno de los episodios más graves y trágicos de violencia institucional ocurridos en los inicios del proceso de transición hacia la democracia”.

Y prosigue: “En Vitoria-Gasteiz se produjo un amplio conflicto laboral de las principales industrias de la ciudad con miles de trabajadores en huelga, quienes solían celebrar asambleas para debatir y decidir colectivamente sus reivindicaciones. Así, aquella tarde del 3 de marzo de 1976, miles de personas se habían reunido en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio obrero de Zaramaga, para participar en una asamblea conjunta en el marco de la tercera huelga general convocada en apoyo a los trabajadores movilizados. Sin que constara incidente previo que lo justificara, las fuerzas policiales rodearon el templo e intentaron impedir la celebración de la asamblea. Tras la negativa de los reunidos a abandonar el recinto, se ordenó el desalojo. La Policía Armada lanzó botes de humo en el interior de la iglesia, un espacio cerrado y abarrotado, provocando escenas de asfixia, angustia y pánico. Quienes intentaban salir eran recibidos con cargas y golpes. En el exterior, en medio de la confusión y la tensión, la Policía armada comenzó a efectuar disparos con munición real”.

Se recalca que “la gravedad de los hechos causó una profunda conmoción en todo el país y dejó una herida duradera en la sociedad alavesa, vasca y española”. “Aquella movilización formaba parte de un movimiento obrero que, en condiciones de ausencia de libertades sindicales y políticas, había construido espacios de participación y deliberación colectiva a través de las asambleas. Las reivindicaciones salariales y laborales se entrelazaban con una aspiración más amplia de dignidad, derechos y reconocimiento. No se debe olvidar, que la lucha obrera fue un elemento fundamental en el proceso que condujo a la recuperación de las libertades y a la consolidación de un sistema democrático basado en el pluralismo, la negociación colectiva y el respeto a los derechos sociales”, se puede leer.

El Estado agradece a las víctimas y a la asociación Martxoak 3, expresamente, haber “mantenido viva la llama de lo sucedido” durante décadas. “En esta declaración institucional, el Gobierno de España expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares. Asimismo, condena la actuación desproporcionada de la Policía Armada en aquellos lamentables hechos y reconoce el sufrimiento y el dolor padecido por las víctimas y sus familiares, y la trascendencia histórica de lo sucedido. El Gobierno de España reafirma, además, su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el fortalecimiento de las políticas públicas de memoria democrática, convencido de que la consolidación de nuestra democracia exige asumir de manera honesta ante las víctimas, la sociedad alavesa, vasca y española, los dolorosos acontecimientos del 3 de marzo de 1976 y garantizar que nunca más el ejercicio de derechos fundamentales y laborales sea respondido con violencia”, indica también.

La resolución concluye que “cincuenta años después de aquellos hechos, el Gobierno de España considera que la memoria de las víctimas forma parte inseparable del patrimonio democrático común de Vitoria-Gasteiz y del conjunto de la sociedad alavesa, vasca y española”. “Y constituye un recordatorio permanente del valor de la dignidad del trabajo, la justicia social, el diálogo y la paz”, cierra.

Las reflexiones de Martín Villa con 91 años

En paralelo, el exministro en 1976 Martín Villa, procesado en Argentina por estos hechos pero nunca juzgado en España, ha concedido dos entrevistas, a Radio Vitoria y RTVE. A sus 91 años, se queda en considerar lo sucedido como “una suma de errores horribles”. “Las dificultades fueron manifiestas y las responsabilidades totales. Colocarlas en personas concretas…me siento incapaz”, sostiene sin pedir disculpas.

A título individual, añade: “En ese tema yo no tenía las responsabilidades sobre las actuaciones policiales, pero ciertamente me he considerado muy cerca de lo que allí pasó y tengo un sentimiento de rabia y dolor por no haber podido evitarlo”. “Había muerto Franco y había una explosión de las libertades. Se sabía lo que queríamos ser, pero no cómo llegar a serlo. Lo que hoy parece sencillo, en aquel momento no lo era. Yo soy un reformista, me ha tocado serlo y los ciudadanos se inclinaron por la reforma para hacer lo mismo que pretendían los rupturistas, pero sin que al Gobierno se le fuera de las manos la seguridad ciudadana. Explicarlo ahora es difícil”, opina también.