Qué dice el convenio en el que se apoya el Gobierno para impedir que EE UU use sus bases en España contra Irán
En plena ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Gobierno español ha marcado una posición firme: España no permitirá que las bases de Rota y Morón se utilicen para apoyar estos ataques.
Pedro Sánchez condenó “abiertamente” la operación y reclamó “respeto al derecho internacional”, subrayando que la violencia “solo genera más violencia”.
El presidente insistió en que España rechaza tanto los bombardeos estadounidenses e israelíes como las acciones del régimen iraní, advirtiendo de que “no podemos permitirnos otra guerra prolongada”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, reforzó esta postura al asegurar que las bases españolas “no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde un punto de vista humanitario”.
Robles recalcó que “no se ha dado ningún tipo de asistencia” a los ataques y que España mantiene un cumplimiento estricto del marco legal que regula la presencia militar estadounidense en territorio nacional.
El tratado bilateral fija límites estrictos al uso de las bases españolas por parte de EE UU
El fundamento jurídico de esta negativa se encuentra en el Convenio de Cooperación para la Defensa, firmado en 1988, que establece los límites del uso de las bases españolas por parte de Estados Unidos.
Según el artículo 2, España concede a EE UU el uso de determinadas instalaciones solo para objetivos bilaterales o multilaterales previstos en el propio convenio. Cualquier operación que exceda esos fines, incluidas acciones ofensivas unilaterales, requiere autorización previa del Gobierno español.
Esto implica que, aunque la presencia estadounidense en Rota y Morón está permitida, no pueden emplearse para atacar a Irán sin permiso expreso de España, ya que la ofensiva no forma parte de ninguna misión de la OTAN ni cuenta con mandato internacional.
El convenio fue diseñado para garantizar una cooperación coordinada, basada en la igualdad soberana y en la supervisión política conjunta, no como una cesión automática de control.
Tras la negativa del Gobierno, Estados Unidos ha retirado al menos 15 aviones cisterna que tenía desplegados en ambas bases. Robles explicó que la salida se debe a que “no iban a realizar ninguna actuación” y que es el propio Ejército estadounidense quien decide dónde reubicar sus medios.
Mientras tanto, los contingentes españoles desplegados en Oriente Próximo han reforzado sus medidas de seguridad ante la escalada regional.
El Gobierno insiste en que su prioridad es evitar una extensión del conflicto y preservar la legalidad internacional, apoyándose en un convenio que, casi cuatro décadas después de su firma, sigue siendo la herramienta clave para limitar el uso de las bases españolas en operaciones militares no autorizadas.