Cae la suspensión de los desahucios de 70.000 familias vulnerables. ¿Y ahora, qúe?
El pleno del Congreso de los Diputados, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social".
La medida que afecta a los desahucios, según las entidades sociales y CC OO, abre "un escenario extremadamente preocupante y sin salida" porque estiman que puede reactivar 70.000 desahucios hasta ahora paralizados en España. A ellos, avisa el sindicato, se suman los aproximadamente 27.500 lanzamientos que se producen cada año.
Desde Comisiones han pedido al Gobierno y a los partidos políticos su compromiso para buscar soluciones de forma inmediata para que ninguna familia sea expulsada de su hogar sin alternativa habitacional digna y para garantizar los suministros básicos de la vivienda.
Desde otros ámbitos, sin embargo, se considera que se trata de una medida que era inevitable que cayese antes o después. "Durante todos estos años se ha traslado a los propietarios las obligaciones del Gobierno, su errónea política de modificar la normativa sobre vivienda para restringir los derechos de los propietarios y en resumen de tratar de impedir la libertad de mercado de la oferta y de la demanda", afirma Arantxa Goenaga, abogada experta en derecho inmobiliario y socia de AF Legis.
Lo que viene
Sandra Aurrecoechea Ríos, abogada y socia de Marín y Mateo Abogados, asegura que el efecto de la medida se verá "escalonado, expediente a expediente".
Aurrecoeche cree que mucha gente mira al juzgado "como si fuera el “interruptor” del drama. pero el juzgado no decide la política social. El juzgado aplica la ley vigente y ejecuta resoluciones (señala, suspende si hay base legal, y lanza si procede). El juzgado no tiene competencias para adjudicar vivienda pública, conceder ayudas, activar recursos de emergencia o diseñar un realojo", añade.
Por eso, concluye, cuando el paraguas excepcional del decreto desaparece, el conflicto deja de ser “¿se puede suspender?” y pasa a ser “¿dónde va esta familia?”. Y esa pregunta no la responde un auto judicial, la responde -o no- el sistema de servicios sociales y vivienda autonómico y estatal".