Los vecinos 'legales' de las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP: "Que se haga justicia, pero a los demás que nos dejen en paz"

“Dejadnos vivir tranquilos, estamos cansados ya”. Con esta evidente muestra de hartazgo se ha manifestado el primer vecino del residencial de viviendas protegidas Les Naus de Alicante con el que se han topado periodistas de elDiario.es tras identificarse como tales para recoger sus impresiones de todo lo que está sucediendo en torno a las adjudicaciones presuntamente irregulares a cargos del PP, familiares y funcionarios municipales.

“Le entendemos, pero hay un caso grave que investiga la justicia”, replican los informadores, a lo que el residente visiblemente contrariado espeta: “Que se haga justicia, pero a los demás que nos dejen en paz”, al tiempo que sale de la urbanización y se aleja caminando por la acera.

El testimonio de este residente, un hombre joven de no más de 40 años, representa el sentir general de muchos de los adjudicatarios que cumplieron con los trámites para acceder a las viviendas. Sin embargo, el sueño que suponía para ellos obtener una casa a un precio razonable para los tiempos que corren e iniciar así un proyecto de vida se transformó en pesadilla cuando se destapó el escándalo que ya investiga la titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante.

Hasta hora se conoce que una quincena de viviendas han ido a parar a individuos con algún tipo de vinculación con el Ayuntamiento de Alicante y el PP. Se trata, por un lado, de dos personas que mantienen una relación personal con la concejala de Hacienda y de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali. Estos casos se suman a los de las viviendas adjudicadas a la ya dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a las de dos de los hijos y un sobrino de la también dimitida directora general Ana Pérez-Hickman, y a la del arquitecto municipal, Francisco Nieto, además de la que se quedó la mujer del funcionario de la Generalitat suspendido de empleo y sueldo. Los últimos casos que se han conocido son los de una interventora de la Generalitat con un sueldo de 70.000 euros, ahora tesorera en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, y el de una edil de San Vicente del Raspeig, cuyo hijo también ha sido adjudicatario.

A los pocos minutos sale del recinto una chica de edad similar con un carrito en el que lleva a su hijo, quien no tiene problemas en contar sus impresiones. Según comenta, “quizás el sistema por el que se ha tramitado todo no es el más adecuado, pero es el que había y nosotros hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido”, explica mientras un agente de la Policía Local sale carpeta en mano de uno de los bloques. Los agentes han iniciado una inspección a instancias de la Conselleria de Vivienda para comprobar si las personas empadronadas en las viviendas son efectivamente las que residen en las mismas.

“No es agradable todo lo que está pasando, tener a la Policía Local pidiendo documentación o levantarte una mañana y ver pintadas dentro de la urbanización. Hemos tenido que poner vigilancia porque también hemos recibido insultos, salimos a la calle con miedo”, lamenta.

Otro chico algo más joven también con un carrito en el que lleva a su hijo pregunta si los presentes son periodistas y tras la respuesta afirmativa se queja de algunas informaciones y de lo que les está suponiendo estar en el foco mediático: “Se están contando muchas mentiras y se nos está estigmatizando. Parece que todos los que estamos aquí seamos cargos del PP o hayamos hecho algún tipo de irregularidad cuando no es así en la mayoría de los casos, al menos que yo conozca”.

Tras trasladar su malestar, un poco más calmado, explica cómo fue en su caso el proceso de adjudicación: “A finales de 2021 nos llaman de la cooperativa a la que estábamos apuntados y nos dicen si nos interesa un piso ya que las personas que teníamos por delante en la lista renuncian. Entonces aportamos una primera cuantía de 2.000 euros y luego, en 2022, una vez se aprueba la compra de la parcela aportamos un 25% del valor de la casa, en nuestro caso 57.000 euros. En octubre de 2024 nos dijeron que nos inscribiéramos en el registro de demandantes de la Generalitat y así lo hicimos”, un trámite que con el decreto aprobado dos meses después, en diciembre del mismo año, se eliminó para viviendas protegidas de iniciativa privada. Las viviendas se adquirieron por entre 200.000 y 230.000 euros sin IVA y en el mercado de renta libre podrían alcanzar actualmente un valor de más de 400.000 euros.

Sobre las inspecciones que realiza la Policía Local, explica que les preguntan si son los titulares de las viviendas y piden el DNI, al tiempo que afirma que, aunque no tiene certeza, es posible que haya “alguna vivienda alquilada” y estima que, en estos momentos, deben estar habitadas “algo más de un centenar de pisos de los 140 con sus residentes”, un dato que, puntualiza, es estimativo.